Protesta de los trabajadores de Alcoa en la Torre de Hércules de A Coruña / EFE

El Gobierno ignoró la mayoría de propuestas de la Xunta para Alcoa

Ni el consumidor 'hiperelectrointensivo' ni la rebaja de los peajes de acceso están en el plan del Gobierno, que dice trabajar con la Xunta en otras medidas

Lejos de ofrecer la tranquilidad que se esperaba, la presentación en sociedad del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo ha disparado las alarmas en Galicia, después de que Alcoa considerara “insuficientes” las medidas propuestas por el Gobierno y advirtiera que está en peligro la “viabilidad” de la planta de Lugo. Los sindicatos de la multinacional también calificaron de “decepcionante” el plan que debería servir para salvar las plantas de A Coruña y Avilés, admitiendo que esperaban más de las propuestas del Ejecutivo. ¿Qué se esperaban exactamente?

Pocos detalles se conocen de las conversaciones mantenidas entre la compañía, los trabajadores, los ministerios de Industria y Transición Ecológica, la Xunta y el Principado, pero sí que son conocidas las propuestas que el Gobierno gallego llevó a la mesa de negociación. En realidad, se trata de medidas que la Consellería de Economía de Francisco Conde trató con las industrias electrointensivas de Galicia, pesos pesados entre los que están, además de Alcoa, Megasa o Ferroatlántica; y que, a juicio de la Xunta, se podían aplicar de manera inmediata y con carácter retroactivo desde el comienzo del año sin necesidad de esperar a la tramitación del real decreto.

El Gobierno incorpora solo dos propuestas de la Xunta

De aquellas propuestas, el borrador del Estatuto Electrointensivo recoge solamente dos. La exención en los pagos por capacidad, una parte de la tarifa regulada de la factura, y el nuevo cálculo sobre las pérdidas técnicas de la industria, de manera que se abarate el coste eléctrico pagando solamente la energía realmente consumida. Sin embargo, estas rebajas en el precio son para Alcoa accesorias, pues suponen un impacto pequeño en el coste total de la factura.

La Xunta también pedía al Gobierno que convocara las ayudas compensatorias de costes indirectos de las emisiones de CO2 al comienzo de cada año y que se abonara el máximo autorizado en pagos trimestrales. El Gobierno, en cambio, establece la “posibilidad” de la compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y aporta una dotación de 76 millones de euros ampliables en función de la disponibilidad de tesorería de las arcas públicas. Es decir, deja como está la norma pero añade más dinero. Esto es insuficiente para Alcoa, pues entiende que “no hay garantías de aplicación” en la medida más importante en cuanto a cuantía del borrador del Estatuto.

¿Dónde está el consumidor hiper-electrointensivo?

En el documento no hay rastro de la rebaja en los peajes de acceso (coste de distribución de la electricidad), de la exención de las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ni de la figura del consumidor híper-electrointensivo, una categoría que identificaría a la industria que más energía consume en España y que, en virtud de ello, se llevaría las mayores rebajas.

El presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se quejaba este martes de que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, "mintió" cuando dijo que iba a crear las figuras de las empresas electrointensivas e hiperelectrointensiva. “Al final, nos meten a todas en el mismo saco", lamentó respecto a una clasificación que parece un traje a medida para diferenciar a Alcoa, el último fabricante de aluminio primario en España en la amenazada planta de Lugo.

El Gobierno descartó estas medidas

Todas estas medidas estuvieron en la mesa de la ministra de Industria, Reyes Maroto, pero fueron descartadas porque “o bien tienen carácter impositivo, lo que requiere modificación de la legislación tributaria, o bien se trata de nuevos mecanismos de participación de la demanda que permitan la prestación de servicios de estos consumidores en el mercado, para lo que es preciso realizar reformas en el propio mercado”, explica el Ministerio de Industria en la memoria del análisis de impacto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

En todo caso, el departamento matiza que es posible desarrollar estas medidas “en el futuro” ya que “requieren un rango legal o un completo desarrollo normativo”. En esta línea se pronunció también este martes la ministra Reyes Maroto, quien aseguró que están trabajando en “otras medidas” con la Xunta y el Gobierno del Principado para garantizar la llegada de un inversor a las plantas de A Coruña y Avilés. No se dio por aludida respecto a la incertidumbre que pesa sobre la factoría de San Cibrao, pues no le consta que Alcoa “haya tomado una decisión”.

Rehuyó así las presiones de la multinacional, que este martes anunció que presentará alegaciones al borrador del Estatuto Electrointensivo y rebajó el tono: “Esperamos que el Gobierno tenga margen y el texto final del Estatuto aporte la solución que la industria del aluminio primario en España necesita”, dijo un día después de asegurar que la planta de aluminio de Lugo estaba en peligro y volcar toda la presión sobre el Ejecutivo.

Ni la Xunta ni la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (Aege), la patronal que colaboró en las aportaciones al Estatutuo, se pronunciaron todavía sobre el documento. 

Un artículo de Rubén Rodríguez

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