Alcoa, Ferroatlántica, Isowat… La industria gallega se desmorona
El tejido industrial gallego registra una oleada de cierres y EREs que afectan a unos 3.000 trabajadores pese al tirón de una economía que crece al 2,8%
El viento de la economía sopla a favor de Galicia. La comunidad cerró 2018 con un crecimiento del 2,8%, superando en tres décimas a la media estatal, y cerró su quinto año de creación de empleo. Pero, pese al económico favorable, en los despachos algunas de las mayores firmas industriales gallegas solo hay planes de cierres de plantas y de expedientes de regulación de empleo (ERE).
Es el caso de Alcoa, Ferroatlántica, Isowat, Poligal o la central térmica de Naturgy en Meirama, empresas arraigadas en una comunidad donde emplean de manera directa a casi 3.000 trabajadores, y que o bien ultiman un tijeretazo en su plantilla o bien preparan la maleta para abandonar definitivamente la comunidad.
El lastre de la energía
El impulso de la economía no es suficiente para retener en Galicia a algunas de las empresas de mayor tamaño del sector industrial que se topan con un pronunciado obstáculo. Se trata del precio de la electricidad. “El precio de la energía en España nos es inasumible”, resumían representantes de Ferroatlántica el pasado mes de febrero. Lo hacían tras anunciar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de dos años que afectará a los casi 400 trabajadores de sus fábricas en Galicia (Sabón y Cee-Dumbría).
El otro golpe para la industria electrointensiva gallega procede de Alcoa. La publicación del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo no ha servido para calmar a la multinacional estadounidense, que ayer amenazó con cerrar también su complejo de San Cibrao (Lugo), en el que emplea a unos 1.200 trabajadores. Se sumarían a las casi 400 personas que tiene en plantilla en su factoría de A Coruña y sobre la que, junto a la de Avilés, cuelga el cartel de “se vende”. La compañía se compromete a no realizar ningún despido hasta el 30 de junio, pero en el caso de no encontrar comprador en los próximos tres meses, adelgazará su plantilla con el despido de 268 trabajadores entre A Coruña y Avilés (el 43% del total).
La sombra del concurso
Galicia ha dejado atrás una crisis económica que se cobró sus particulares víctimas en forma de expedientes de regulación de empleo (ERE) y concursos de acreedores, que tocaron su máxima expresión en Martinsa-Fadesa, la mayor quiebra de la historia empresarial española. En el punto álgido de la crisis (año 2012) llegaron a registrarse 552 y desde entonces la cifra ha ido en descenso hasta los 232 procedimientos de este tipo declarados el año pasado. Dentro de esta lista emergen empresas destacadas en el panorama industrial gallego.
Es el caso del holding coruñés Invertaresa, matriz de Isowat Made, que no ha logrado superar el concurso de acreedores y se encuentra en fase de liquidación. La compañía no ha encontrado comprador para su planta de A Grela (en la que empleaba a unos 90 trabajadores), a diferencia de lo ocurrido con su factoría en Medina del Campo, que tiene encarrilada su venta a la firma extremeña Imedexsa.
En una situación similar se encuentra la planta naronesa de Poligal, fabricante de película de propileno. Sus dueños, la familia Suqué, propietarios del grupo catalán Peralada, presentaron el concurso de acreedores para la factoría gallega con el objetivo de liquidarla ante las, a juicio, del equipo propietario pérdidas que viene padeciendo en los últimos años. En el aire quedan los 108 empleos directos de la factoría.
La incógnita de Ence
El otro baluarte de la industria gallega que se podría obligar a cerrar sus puertas, aunque por razones completamente opuestas, es la factoría de Ence en Lourizán (Pontevedra). El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un vuelco a la posición defendida por el Ejecutivo y respalda la demande del Concello de Pontevedra para anular la prórroga en la concesión. La pelota está en el tejado de la Audiencia Nacional que debe decidir si la ampliación aprobada en enero de 2016 para alargar de 2033 a 2073 el periodo de concesión fue conforme a derecho. En el aire quedan los aproximadamente 500 trabajadores de la pastera en Pontevedra y los casi 5.000 indirectos que genera esta factoría que el año pasado registró unos beneficios de 60,8 millones de euros.
La compañía, que ha recibido un fuerte castigo en bolsa tras el cambio de postura del Gobierno a mes y medio de las elecciones, cifra en 185 millones de euros el coste que tendría un “improbable” cierre. A la espera de la Justicia clarifique el futuro de la biofábrica de Lourizán, Ence descarta un cierre sin alternativas como el que sí ha propuesto Naturgy en Meirama.
La antigua Gas Natural-Fenosa solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de su única central térmica en Galicia en el año 2020, renunciando a las inversiones de 100 millones de euros prometidas para alargar la vida del complejo. La decisión forzará la salida pactada de 37 trabajadores y la recolocación en otros centros de los 40 trabajadores restantes.
