Al fin, el Gobierno ha hecho público el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una batería de rebajas en los costes eléctricos que pretenden evitar la deslocalización de empresas, problemática que evidenció la crisis de Alcoa, pero conocida desde años atrás. El Ministerio de Industria ha expuesto el documento a consulta pública bajo un calendario apretado, que pretende aprobar el Estatuto dos días antes de las elecciones, en el Consejo de Ministros del 26 de abril.
El 31 de junio es la fecha límite para que la multinacional ejecute los alrededor de 300 despidos previstos en las plantas de A Coruña y Avilés si no encuentra previamente un comprador para las factorías. Por eso, la Xunta ha demandado reiteradamente la puesta en marcha de las medidas que ahora salen a consulta pública, al entender que ningún inversor estaría dispuesto a adquirir las plantas sin conocer el marco eléctrico. El Estatuto también es clave para la otra instalación de Alcoa en Lugo y para empresas como Ferroatlántica, que activó un ERTE en España por el elevado precio de la energía.
El consumidor electrointensivo
Los consumidores electrointensivos serán aquellos que tengan un consumo anual de 40GWh y que al menos un 50% de su consumo eléctrico se produzca en el llamado tramo 6, el periodo tarifario de menor demanda de electricidad, normalmente comprendido en las ocho horas nocturnas o en los fines de semana y festivos. No incluye el borrador la figura del consumidor “hiperelectrointensivo” que había propuesto la Xunta en las reuniones con los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
El Gobierno calcula que 253 empresas podrán acogerse a la figura del consumidor electrointensivo. Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien certifique esta condición a las industrias que lo soliciten.
El acceso a las ayudas conllevará la obligación de preservar durante tres años la actividad.
Exenciones eléctricas
Las dos principales rebajas en el coste eléctrico de la industria se producen en los pagos por capacidad (es la tarifa regulada para que las productoras tengan excedentes de generación) y los pagos por interrumpibilidad. En el primer caso, se reduce el 100% del pago a las empresas que tengan servicio interrumpible, es decir, que se desconecten del sistema en momentos de exceso de demanda para favorecer la estabilidad del suministro. Aquellas que no tengan este servicio, podrán beneficiarse de un 70% de exención del pago. El impacto global de la medida es de 41 millones anuales.
También se exime a los consumidores electrointensivos del pago por el servicio de interrumpibilidad en el caso de empresas que, como Alcoa, sean proveedoras de este servicio, lo que supone un impacto conjunto de 23 millones al año, según los cálculos del Gobierno.
76 millones en ayudas por emisiones
El Estatuto eleva el presupuesto de las ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a los consumidores electrointensivos por los costes indirectos de las emisiones de efecto invernadero que se repercuten en la factura eléctrica. Estaba dotada una partida de 6 millones de euros que ahora se elevan a 76 millones. “No se descarta que se pueda ampliar este presupuesto si lo permiten las disponibilidades presupuestarias”, dice el borrador.
Las mayores ayudas, sumadas a las exenciones en los pagos, totalizan un impacto de 140 millones de ahorro anual para la industria electrointensiva.
Coeficientes de pérdidas
Sin una partida concreta, pero también con impacto en la tarifa eléctrica de la industria, el Gobierno encarga a Red Eléctrica una revisión de los coeficientes de pérdidas, esto es, “un estudio de las pérdidas técnicas de la energía que son realmente soportadas por los consumidores”. La medida implica una actualización de los cálculos para que los consumidores electrointensivos paguen estrictamente por la energía que consumen, liberándolos de pagar por la energía que se pierde.
Contratos a 10 años
Finalmente, el Gobierno impulsa contratos a 10 años con la industria para dotar de estabilidad a la tarifa eléctrica. Estos contratos se aplicarían sobre el 50% del consumo, es decir, se garantizaría un precio estable en los próximos 10 años para la aproximadamente la mitad de los GWh que utiliza la industria.
