El Gobierno defiende el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, cuyo borrador presentó este lunes provocando un nuevo desaire de Alcoa, quien amenaza ahora con cerrar la planta de San Cibrao, en Lugo, por no tener garantizada “su viabilidad.
Sin embargo, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, no hizo caso de esta amenaza. «Nosotros no tenemos certeza todavía de que Alcoa haya tomado una decisión sobre San Ciprián», dijo en un encuentro con periodistas en Málaga, matizando que su equipo está centrado en el futuro de las instalaciones de A Coruña y Avilés.
A juicio de la ministra, el estatuto de las industria electrointensiva «da una seguridad Alcoa sobre el precio de la energía«, recordando que ello «era un instrumento que la compañía nos pedía también para poder dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra».
150.000 empleos pendientes del precio de la energía
También, ha continuado, hay garantía para las 153 empresas electrointensivas de este país. «Son más de 150.000 empleos que garantizamos como consecuencia de ese estatuto y creo que hay una garantía mayor de la que teníamos cuando nosotros llegamos».
En este punto, ha afeado del anterior Ejecutivo «la ausencia del Ministerio de Industria», que, a su juicio, «ha tenido unas consecuencias muy negativas con no solo la deslocalización y cierre de empresas, que como sabe, hemos evitado, sino también con la crisis de Alcoa».
Por último, ha vuelto a reiterar que «con el estatuto y con otras medidas que estamos trabajando tanto con la Xunta de Galicia como con el Gobierno de Asturias nos va permitir llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor, que es en lo que estamos ahora trabajando», ha concluido.
