Imagen de la AP-9, controlada por Itínere, a su paso por Rande

La carga de la AP-9: juicios, peajes en sombra y 260 millones en pagos

Para corregir la subida de los peajes, la Xunta debe encontrar una fórmula para devolver 260 millones a la concesionaria

El traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta marca un doble hito para Galicia: el primer logro en materia de competencias de Alberto Núñez Feijóo y la culminación de una reivindicación con más de una década en el Parlamento gallego. Sin embargo, no está claro cómo afectará al bolsillo de los conductores la nueva gestión, por más que el Gobierno gallego haya insistido en la necesidad de abaratar los peajes.

Al contrario, lo que está previsto es que se encarezcan. La concesionaria de la autopista, Audasa, hizo números a cierre del primer semestre del año y concluyó que las compensaciones comprometidas por el Ministerio de Fomento ascendían a 263,8 millones.

La hipoteca de los usuarios de la AP-9

Ese es el importe que prevé ingresar mediante subidas del peaje Audasa en compensación por acometer las obras de ampliación de la autopista en el puente de Rande y en la circunvalación de Santiago y por los descuentos que aplica en diversos tramos entre Vigo y Pontevedra. El pago conllevaría un encarecimiento de las tarifas del 1% al año, que se añadiría a la subida del IPC, una situación especialmente dolorosa ahora que Fomento está rebajando los peajes de las autopistas quebradas y rescatadas por el Estado.

Nada cambia el traspaso a la Xunta de la infraestructura en esta dinámica. El Gobierno gallego pretende negociar con la concesionaria una flexibilización de las tarifas que incorpore descuentos para los usuarios frecuentes o en franjas horarias de baja intensidad de tráfico, pero para ello necesita cuadrar una fórmula que le permita devolver esos más de 260 millones pendientes de restituir a Audasa.

De la cuantía, 239 millones se corresponderían al convenio firmado en 2011 por el socialista José Blanco para la financiación de las obras de ampliación del vial; y 24,1 millones al impulsado por Ana Pastor en 2013 para compensar a la empresa por los descuentos en las áreas de Vigo y Pontevedra. A las compensaciones hay que restar lo ya abonado, es decir, lo que los conductores ya han pagado durante el segundo semestre de este año.

Contencioso por los peajes en sombra

No es la única mochila que trae consigo la AP-9. Audasa, filial del grupo Itínere, abrió un contencioso por el peaje en sombra de los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-Barcala. El convenio para liberar estos tramos, vigente desde 2006, fue modificado en julio del año pasado. El Gobierno gallego y Fomento defendieron que los cerca de 10 millones anuales que pagaban a Audasa por suprimir estos peajes “viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria” y redujeron prácticamente a la mitad la compensación. 

El gran beneficiario fue el Gobierno gallego, que dejó de pagar su parte, entre 5 y 6 millones al año; mientras que Fomento continúa asumiendo la otra mitad del pago. Audasa llevó el caso ante el Tribunal Supremo lo que considera “una modificación unilateral y no justificada de un convenio escrito entre partes”. Asegura que perdió el 50% de los ingresos que obtenía por el peaje en sombra.

Más de 40 millones de beneficios para la concesionaria

En los dos últimos ejercicios completos, la concesionaria logró suculentos beneficios de la explotación del vial. Presentó ganancias de 45 millones en 2016 y de 44 millones en 2017. En el primer semestre de este año, Audasa obtuvo un resultado de 16 millones. La empresa afronta otros dos litigios importantes para su futuro. El primero por la demanda presentada por la Fiscalía por cobro abusivo de peajes. Le achaca haber cobrado íntegramente las tarifas a los usuarios en una "práctica abusiva" debido a los atascos continuados que produjeron las obras del Puente de Rande. 

El segundo tiene que ver con el control de tan rentable negocio, que mantiene en disputa a Globalvía y al fondo Corsair por el derecho a adquirir la participación del 15,5% que tiene Sacyr en el grupo. La resolución judicial decidirá si prevalece el derecho de Corsair a igualar la oferta de Glovalvía y quedarse con el paquete accionarial. De ser así, recuperará el control de Itínere como primer accionista y, en consecuencia, de la concesionaria de la AP-9.

Un artículo de Rubén Rodríguez

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