Abel Caballero, alcalde de Vigo; Javier Losada, delegado del Gobierno; y José Luis Ábalos durante la visita del ministro de Fomento a la ciudad olívica | EFE

Barra libre en las autopistas rescatadas: gratis de noche desde hoy

stop

Ocho de las nueve autopistas quebradas rebajan sus tarifas un 30% y serán gratuitas de doce de la noche a seis de la mañana

Economía Digital Galicia

Abel Caballero, alcalde de Vigo; Javier Losada, delegado del Gobierno; y José Luis Ábalos durante la visita del ministro de Fomento a la ciudad olívica | EFE

15 de enero de 2019 (05:00 CET)

Nueva vida para las autopistas quebradas y rescatadas por el Estado mientras poco o nada se sabe de la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, actualmente en proceso de negociación. Los peajes de ocho de las nueve autopistas rescatadas bajan su precio desde este martes una media del 30%. A ello se suma la gratuidad de la circulación por la noche, entre las 00.00 y las 06.00 horas. El objetivo de Fomento es incentivar su uso y elevar los ingresos que generan.

Las nuevas tarifas entran en vigor en las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y en los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante. Los vehículos que cuenten con un dispositivo electrónico para el pago se beneficiarán de bonificaciones del 18% en el caso de vehículos ligeros y del 10% para los pesados.

Tras quebrar las concesionarias que las gestionaban, estas autopistas revertieron al Estado entre febrero y mayo del año pasado, y pasaron a depender de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que próximamente asumirá también la gestión de la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo y se encuentra en proceso de liquidación.

Las cuentas pendientes

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó diversos cambios legales para que Seitt pueda cobrar peajes en estas autopistas una vez venzan los contratos de concesión, y para poder gestionarlas hasta 2022. El Gobierno no ha cerrado la puerta a licitar de nuevo la gestión y el mantenimiento, aunque no ha fijado plazos ni estimado la cuantía.

Lo que sí debe fijar es la responsabilidad patrimonial del estado o, lo que es lo mismo, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, por la inversión que se realizó para construir las carreteras y que quedó pendiente de amortizar al resolverse anticipadamente los contratos de concesión. Fomento afirma que contará con seis meses más para calcular y pagar esa factura, un impacto en las arcas públicas estimado en más de 2.000 millones de euros por el ministerio, aunque las empresas del sector pendientes del montante elevan el dato hasta 5.000 millones. 

Hemeroteca

Audasa (AP-9)
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad