José Benito Suárez, el ‘intocable’ de la Xunta en los puertos gallegos
José Benito Suárez, marido de Ana Pastor y amigo de Mariano Rajoy, es el único de los presidentes de las autoridades portuarias salvado de la ola de relevos
Cuatro de las cinco autoridades portuarias de Galicia han cambiado esta semana de presidente. Si bien los nombramientos deben ser ratificados por Puertos del Estado, organismo del Ministerio de Fomento del que dependen, es la Xunta quien tiene la potestad para designar a sus máximos responsables desde 1997, estando José María Aznar al frente del Gobierno central. Tal y como había adelantado este medio, el Ejecutivo autonómico se propuso llevar a cambio una marea de cambios en las grandes radas gallegas que afecta a las autoridades portuarias de A Coruña, Vigo, Vilargarcía y Ferrol-San Cibrao. Sin embargo, el puerto de Marín-Ría de Pontevedra ha esquivado los ceses, de forma que José Benito Suárez se mantiene a la cabeza del organismo y se convierte de esta forma en el decano de los presidentes de los puertos estatales, título que, hasta ahora, compartía con Enrique Losada, responsable de la dársena coruñesa.
Con 67 años de edad, José Benito Suárez llegó a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra en 2009, tras la vuelta del PP a la Xunta de Galicia de la mano de Alberto Núñez Feijóo, que desde entonces ha encadenado cuatro mayorías absolutas, la última revalidada este verano. Accedió al puesto relevando al catedrático de Economía Juan Carlos Surís, quien recibió el cargo en el año 2005, después de que el bipartito de Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana desalojase al Ejecutivo del histórico Manuel Fraga. Capitán de la Marina Mercante, su trayectoria política era amplia ya entonces: entre 1995 y 1999 fue teniente de alcalde de Pontevedra y en el año 2000 fue nombrado por Fraga director xeral de Interior e Protección Civil de la Consellería de Xustiza, periodo en el que tuvo que enfrentarse a la crisis del Prestige.
En el terreno personal, Suárez es conocido por ser marido de Ana Pastor —exministra de Sanidad y de Fomento y actual diputada del PP en Madrid— además de amigo personal del expresidente Mariano Rajoy. Su cercanía es tal que, durante años, eran habituales en la prensa las fotos del dirigente pontevedrés caminando con él. Tanto es así que quien no reconocía a Suárez por su carrera política, sí lo identificaba como el compañero de paseos del antiguo líder del PP.
Decano de los presidentes portuarios
Él es el único de los presidentes de los cinco puertos gallegos de interés estatal que se mantiene en el cargo tras la revolución impulsada desde el Gobierno gallego y que, según apuntan distintas fuentes, no ha estado exenta de ciertas tensiones. Tal y como adelantó Economía Digital Galicia, el primer cambio confirmado se produjo en el Puerto de A Coruña. El concejal y diputado del PP Martín Fernández Prado fue escogido para ocupar el puesto que hasta ahora ostentaba el economista Enrique Losada. Este accedió al puerto coruñés en el año 2009, sustituyendo a Macario Fernández Alonso. Con 62 años de edad, hasta ahora, compartía con José Benito Suárez el decanato de la presidencia de los puertos españoles, algo que, en buena medida, se debe a que el mismo partido gobierna en Galicia desde hace más de once años, lo que ha facilitado presidencias más largas en la comunidad.
En Vigo, la jubilación de Enrique López Veiga, con 73 años, también precipitó el cambio de presidencia en la autoridad portuaria. El exconselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña lo sucederá en el puesto. En el caso olívico, la sucesión estuvo reñido ya que también sonaron con fuerzas nombres como el de Juan Vieites, secretario general de Anfaco, e Irene Garrido Valenzuela, exsecretaria de Estado de Economía con Luis de Guindos.
El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa será el que fuera delegado de la Xunta en Pontevedra y actual diputado autonómico José Manuel Cores Tourís, que asumirá el puesto en lugar de Sagrario Franco Malvar, que accedió en 2011 y que tiene 64 años. Por último, el oficial de la Armada desde 1987 e ingeniero naval Indalecio Seijo será el próximo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en lugar de José Manuel Vilariño Anca. El que fue coordinador de la Xunta y concejal del PP en Ferrol, de 65 años, accedió a la entidad pública en el año 2013.
Perfiles más políticos que técnicos
Excepto en el caso de Ferrol, el Gobierno gallego ha optado por perfiles más políticos que técnicos para la nueva etapa de los puertos gallegos, algo que contrasta, en cierta medida, con la forma habitual de proceder del presidente Feijóo que, al menos a la hora de configurar su Ejecutivo, siempre ha apostado más por perfiles técnicos que políticos. Lo cierto es que, en cuatro ciudades gobernadas por el PSOE, la Autoridad Portuaria otorga una especial visibilidad a su presidente. En el caso coruñés, no son pocas las voces que piensan que Fernández Prado, de perfil urbanista y bien valorado por ciertos sectores de la ciudad, podría ser, dentro de tres años, el próximo candidato del Partido Popular a la Alcaldía local.
En cualquier caso, desde el Gobierno gallego tampoco se han precisado de forma oficial los motivos exactos que han propiciado los cambios en los cuatro puertos gallegos.
Los números de Suárez
Pero, ¿cuáles son los números de la Autoridad Portuaria de Marín, la única que mantiene a su actual presidente? El puerto pontevedrés cerró el 2019 con unos beneficios de 1,3 millones de euros, un 60% menos que en 2018 y una cifra de negocio de 9,5 millones de euros. Su deuda a largo plazo es de poco más de un millón de euros.
A pesar de esquivar los números rojos, la rada no ha estado exenta de polémica y de riesgo económico en los últimos años, debido al litigio que todavía mantiene por la ejecución de las obras de relleno del puerto con la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, que solicita la demolición. La cuestión, no obstante, parece encarrillada para el puerto después de que el TSXG declarase en febrero que no existe ninguna obra que tenga «que ser retirada».
No obstante, a cierre del pasado año, el ente público provisionaba cerca de un millón de euros para hacer frente, en caso de que así fuera necesario, a dos litigios más, en este caso con Sacyr y la UTE Reboredo, por reclamaciones relativas a obras ejecutadas en terrenos portuarios.
