Ana Pastor, juez y parte en la guerra entre los puertos de Vigo y Marín por Maersk

Ana Pastor tiene un dilema. Y es cada vez más evidente. Si hace una semana fue tajante a la hora de apelar al mercado para explicar la marcha de Maersk, el principal operador de contenedores del mundo, del puerto de Vigo al de Marín, ahora comienzan a modularse las posiciones con el anuncio de intervención en el conflicto por parte de Puertos el Estado, el organismo que coordina las autoridades portuarias bajo la batuta del propio Ministerio de Fomento.

«Es un asunto entre empresas privadas». Así de tajante se había mostrado la ministra en funciones la semana pasada, preguntada sobre el anuncio de Maersk de abandonar la terminal de contenedores de Guixar para instalarse en Marín a partir del próximo 18 de mayo. La ministra en funciones hizo pública esa salomónica sentencia ante la atenta mirada de su marido, José Benito Suárez, a la sazón presidente de la Autoridad Portuaria Marín-Ría de Pontevedra, adscrita a Fomento.

La intervención

El cambio de rumbo en el conflicto llega de la mano de Puertos del Estado, el organismo público presidido por José Llorca, que también depende de Fomento, y que ha anunciado su compromiso para dar respuesta y, por tanto, intervenir, en el conflicto, una vez que el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, el recién llegado Enrique López Veiga, se ha dirigido por escrito a Madrid para vetar el traslado de Maersk.

Entre los argumentos de López Veiga a los que tendrá que dar respuesta Puertos del Estado, y en última instancia el Ministerio de Fomento, se encuentra la petición expresa para que prohíba que Marín pueda utilizar el muelle donde operaría Maersk, que se encuentra en una superficie de 300.000 metros declarada ilegal por una sentencia firme del Tribunal Supremo, que ordenó que el relleno fuera desmontado en su totalidad.

Un relleno ilegal

López Veiga, que ha convocado para esta semana un consejo extraordinario del puerto vigués, pide a Puertos del Estado, es decir, Fomento, que tome «medidas cautelares» para que ambas terminales puedan competir en las mismas condiciones laborales, lo que ahora no ocurre al existir una sociedad de estiba en  Vigo que penaliza los costes, según su criterio.

José Benito Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, marido de Ana Pastor, amigo y compañero de caminatas de Mariano Rajoy, guarda silencio de momento, adoptando un perfil bajo, tan del agrado del presidente el Gobierno.

Los equilibrios del PP

En todo este conflicto, además del matrimonio formado por Ana Pastor y José Benito Suárez, se cruzan los propios equilibrios de fuerzas dentro del Partido Popular, ya que el presidente de Puertos el Estado es un equilibrista dentro del ministerio, solo protegido por Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, ahora también en funciones. 

Ana Pastor, jefa de ambos, convive con los presidentes de las autoridades portuarias nombrados por su propio departamento, pero a propuesta en este caso de la Administración gallega. Así llegó a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Marín el marido de la ministra, nombrado a propuesta de la Xunta, años antes de que Ana Pastor accediera a la cartera, cuando el PP estaba en la oposición. Y, ahora, con el PP en Madrid y en Santiago, así ha llegado también otro outsider a la presidencia de Vigo, el enérgico e imprevisible Enrique López Veiga. En juego está el 30% del tráfico de contenedores de la terminal olívica.