Pasadas las elecciones municipales de 2015, donde lograron un notable éxito las llamadas candidaturas de unidad popular, la actual diputada de En Marea, Yolanda Díaz, acudió a un acto en el local de Ourense en Común junto a Íñigo Errejón y Antón Sánchez. Allí proclamó que era necesario acabar con las sicavs, pues le parecía inadmisible que “Amancio Ortega” tuviera más ventajas fiscales que un ciudadano que pasa apuros para llegar a fin de mes.
En realidad, el fundador de Inditex, a diferencia de sus familiares directos, había cerrado sus sicavs (Keblar, Alazán y Gramela) en 2010, pero la idea de la ex coordinadora xeral de Esquerda Unida estaba muy presente entonces, desde el 15-M, que además de la impugnación a las instituciones y al sistema de partidos, logró una fuerte penetración social en el cuestionamiento de la economía financiera y las rentas del capital que habían contribuido a provocar la crisis.
Eliminar las sicavs como requisito para los presupuestos
Esa propuesta de eliminar las sociedades de inversión de capital variable ha llegado esta semana al Gobierno. Podemos condiciona el apoyo a los Presupuestos y el techo de gasto a acabar con las sicavs bajo esa misma premisa de la laxa tributación, un 1% en el tipo fijo. Hay que aclarar, en todo caso, que los rendimientos y plusvalías obtenidas se gravan por encima del 21% en el momento de la retirada del capital.
De aceptar la propuesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, impactaría directamente sobre una decena de fortunas gallegas, que a cierre del primer semestre del año acumulaban un patrimonio próximo a los 620 millones en sus sicavs.
Sandra Ortega opera a través de Soandres, la más voluminosa sicav vinculadas a los ricos gallegos. Luis Fernández Somoza, expresidente de Azkar; Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general de Inditex; la familia Freire, dueños de Megasa; o Francisco Botas, el consejero delegado de Abanca, también tienen patrimonio en este tipo de sociedades.
El patrimonio de las sicavs de las fortunas gallegas se redujo drasticamente
Los 620 millones a cierre de junio es el patrimonio más bajo de, cuando menos, los últimos cinco años. Esto se debe a que Manuel Jove, el dueño de Inveravante y el empresario que vendió Fadesa a Fernando Martín, cerró sus dos sicavs, Doniños y Bourdet. Lo mismo hizo la familia Domínguez (Textil Lonia y Bimba y Lola) con Albero Cartera.
Al descenso contribuyó también Sandra Ortega, que a finales de 2016 realizó una retirada de capital por valor de 130 millones. El matrimonio formado por el ex director general de Inditex, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, y Dolores Ortega, sobrina de Amancio Ortega, también redujo en seis millones el capital de Silleiro en junio del año pasado.
Estos movimientos, sumado a un arranque del año negativo para la renta fija y variable en la mayoría de mercados, en buena medida, a causa de la guerra comercial entre China y Donald Trump, explican el fuerte descenso en el patrimonio de las sicavs, que a cierre de 2015 alcanzaban casi los mil millones.
A cierre del último trimestre estes eran los datos de las sicavs más conocidas:
Sandra Ortega
Soandres: 291,7 millones de patrimonio
Luis Fernández Somoza, expresidente de Azkar
Currelos: 65,6 millones de patrimonio
Guntín: 115 millones de patrimonio
Modesto Rodríguez, dueño de Fincas del Noroeste
Moterfin: 32,5 millones de patrimonio
Solainainvest: 22,2 millones de patrimonio
Cibrán:31,6 millones de patrimonio
Rodríguez Cebrián y Dolores Ortega
Silleiro: 13 millones de patrimonio
Vivero: 17,3 millones de patrimonio
Río Nora: 2,6 millones de patrimonio
Josefa Ortega, hermana de Amancio Ortega
Jogami: 7,7 millones de patrimonio
Escaribel: 3,5 millones de patrimonio
Familia Freire, dueños de Megasa
Tietar de inversiones: 7,4 millones de patrimonio
José María Castellano, expresidente de Novagalicia
Carivega: 8,1 millones de patrimonio
Francisco Botas, consejero delegado de Abanca
Rumbo: 2,6 millones de patrimonio
