El ERE de Alcoa abre una vía legal para recuperar millones en ayudas
Un real decreto obliga a las empresas beneficiarias de ayudas a mantener su actividad tres años y no reducir su capacidad de producción en más de un 85%
El próximo 28 de octubre, la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará una vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Alcoa pretende poner en marcha en la factoría de aluminio primario de A Mariña dejando a 524 trabajadores en la calle. La demanda ha sido interpuesta por los sindicatos CIG, CCOO y UGT que, junto con el comité de empresa de la planta lucense, pretenden impedir el proceso de parada de las cubas de electrólisis lo que, según muchas veces han denunciado, significaría la práctica defunción de la planta, al complicar considerablemente sus opciones para una futura venta.
Pero la posibilidad de que el ERE sea paralizado cautelarmente no es el único de los frentes abiertos que tiene la multinacional americana en estos momentos debido a su decisión de parar la actividad en la planta de A Mariña aún a pesar de existir un inversor, Liberty House, dispuesto a adquirirla. Las propias condiciones del expediente laboral pueden ser las que el Estado use para argumentar su reclamación de parte de las millonarias ayudas de compensación que ha recibido en los últimos años. Para ello, hay que tener en cuenta las obligaciones de las industrias electrointensivas a este respecto, recogidas en el Real Decreto Ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitivida económica en el sector de la industria y el comercio en España.
Las obligaciones de Alcoa
El citado decreto indica, en referencia a las grandes industrias electrointensivas, que «para preservar la competitividad y evitar la deslocalización» de las mismas se han establecido mecanismos como la compensación de los costes indirectos de CO2, unas medidas que se ampliarán con el desarrollo de otras normativas, como el propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Sin embargo, el texto advierte de que, para que las ayudas sean verdaderamente eficaces y se cumpla con la finalidad de las mismas, «es necesario incluir obligaciones adicionales a los beneficiarios».
Así, el artículo quinto de este decreto ley, al que también se refiere el borrador del propio Estatuto Eléctrico dado a conocer a principio de año, obliga a los beneficiarios de estas ayudas a la industria electrointensiva «a mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años a partir de la fecha de concesión de las mismas, salvo en los supuestos de situaciones de crisis empresarial, considerándose que esta obligación se incumple si proceden de manera efectiva a reducir en más de un 85% su capacidad de producción o cuando se produzca un despido colectivo que implique una reducción de más de un 85% de toda su plantilla de trabajadores». El no cumplimiento de estas medidas podría derivar en que la industria primada tendría que reintegrar las ayudas recibidas.
Búsqueda de inversores
«Se podrán excluir del reintegro de las ayudas a las empresas que reduzcan su capacidad productiva o su plantilla en más de un 85%, pero lo hagan de forma temporal durante el proceso de búsqueda de nuevos inversores, siempre que desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalación recuperando, al menos, el 50% de su producción y de su nivel de empleo anteriores», advierte la citada norma.
Así pues, la propia intención de Alcoa de llevar a cabo un ERE de tal calibre en la planta de aluminio primario de Cervo podría derivar en la solicitud de devolución, por parte del Gobierno, de parte de las millonarias ayudas cobradas en los últimos años. Hay que recordar que la pasada semana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció en televisión que su departamento iba a requerir formalmente a los de Pittsburgh la devolución de 50 millones de euros en concepto de compensaciones de costes indirectos de emisiones de CO2. Solo el pasado año, Alcoa recibió unos 25 millones de euros en este concepto. Además, tiene en juego otros 10 millones de euros adjudicados de forma provisional este año.
Aunque, de momento, Industria no ha aportado más información sobre esta exigencia, es público que a principios de mes envió un requerimiento tanto a Alcoa como a Alu Ibérica (la dueña de las actuales antiguas plantas de la multinacional en A Coruña y Avilés) solicitando información sobre la evolución de su producción y empleo, mes a mes, desde finales de 2018, desglosada por actividades productivas. A Alcoa, se le pidió información sobre el ERE planteado, reducción de personal y plantilla final, desglosada por actividad productiva.
¿ERE nulo?
Precisamente el pasado domingo, el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, se refirió al hecho de que el ERE de Alcoa puede ser considerado nulo de pleno derecho por distintas cuestiones, entre ellas, el número de trabajadores que están afectados por el expediente. Y es que, según las cuentas de la administración gallega, Alcoa pretende despedir a un número de trabajadores de la planta de San Cibrao que equivale al 85% que marca la normativa para poder garantizar que no tendrá que devolver los fondos de CO2. Según explicó Conde, si se certifica que el cálculo de la compañía para acometer este ERE responde a este motivo y no a la realidad de la planta «sería un elemento más para considerar el despido planteado como nulo de pleno derecho«.
De esta manera, tanto autoridades como trabajadores están abriendo nuevas vías de acción frente a la decisión de Alcoa de poner punto y final a la única factoría de aluminio primario que resta en España. Este mismo lunes, el vicepresidente económico indicaba que, en este momento, «no hay agotada ninguna iniciativa ni por parte del Gobierno de España ni de la Xunta de Galicia» y que, en lo respecta a la vía jurídica «se está analizando el ordenamiento nacional y comunitario». En este contexto, también admitió que, en último término, «se podría dar la intervención».
