El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde / Europa Press (Conchi Paz)

La Xunta acusa a Alcoa de 'despidos a la carta' para retener ayudas

El vicepresidente segundo, Francisco Conde, acusa a Alcoa de despedir al máximo de trabajadores posible sin perder las compensaciones millonarias por CO2

La Xunta de Galicia redobla su presión contra Alcoa. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha censurado este domingo que Alcoa ha ajustado las cifras de su despido colectivo para no renunciar a las millonarias ayudas que recibe en compensaciones por emisiones de CO2 y que han ascendido a 9,7 millones de euros en la última ronda anunciada por el Gobierno central.

"Alcoa pretende despedir a 534 trabajadores, que es el 85% que marca la normativa para garantizar la recepción de fondos de CO2. Parece un cálculo normativo y no la realidad que tiene la planta", ha señalado el vicepresidente autonómico, que, a continuación, ha añadido que "si eso fuese así", además de tener que "devolver" dichas subvenciones, sería "un elemento más" para considerar el despido planteado como "nulo de pleno derecho".

Sin "intervención por la fuerza"

Según Conde, "nadie pide una intervención por la fuerza" de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, sino que lo que el "objetivo" es explorar los mecanismos legales que fuercen a la multinacional estadounidense a permitir "que se mantenga" la actividad en la factoría dando un relevo en su propiedad.

Es por ello que el vicepresidente segundo de la Xunta ha puesto en valor el frente común que mantienen las Administraciones estatal y autonómica junto con los trabajadores para forzar a que Alcoa "rectifique y se avenga a un acuerdo" que permita continuar con la actividad de la planta de Cervo sin que paren las cubas, como plantea la multinacional.

Para ello, ha destacado que exploran "todos los mecanismos legales" amparados por la ley. "Debemos actuar con toda la fuerza que nos da el ordenamiento jurídico", ha incidido Conde, que ha apuntado que el Gobierno central estudia por la vía administrativa la posibilidad de reclamar las ayudas concedidas a Alcoa por emisiones mientras que la Xunta permanece vigilante sobre "cuál es la situación medioambiental de la planta" ante las críticas lanzadas por asociaciones ecologistas como Adega o Arco Iris, que han advertido de la “bomba de relojería” que, a su juicio, supone la balsa de lodos del complejo de San Cibrao.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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