Suspensión del ERE de Alcoa: la vista se celebrará el 28 de octubre
El TSXG celebra el prócximo 28 de octubre la vista para poder sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el ERE en la planta de Alcoa
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará el próximo miércoles 28 de octubre una vista para sustenciar la petición de medidas cautelares para palizar el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa pretende acometer en la factoría de aluminio primario de Cervo (Lugo).
De ello informan las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT, que, junto al comité de empresa de la factoría, pretenden impedir con estas medidas cautelares que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.
Las vías de solución
Las administraciones políticas han dejado claro en los últimos días que el futuro de Alcoa se juega ahora también en los tribunales. Aunque el Ministerio de Industria de Reyes Maroto no esconde ya que estudia la posibilidad de una intervención temporal, en Galicia, los sindicatos fueron los que presentaron, el pasado viernes, la solicitud de medidas cautelares, una opción por la que también abogaba la Xunta de Galicia.
El TSXG concreta que en el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas».
Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria del Covid-19, indica que la audiencia se podrá seguir en directo a través de streaming.
«Daño irreversible»
«Permitir que Alcoa comience con el apagado de las cubas supondría un daño irreversible en las capacidades productivas de la fábrica de San Cibrao y lastraría cualquier posible salida para garantizar la continuidad de los empleos y de la producción», advierten las organizaciones.
Por eso, «más allá de la decisión que adopte el alto tribunal gallego», ven «preciso una actuación firme, decidida e inmediata» por parte de las administraciones públicas, para «intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya confirmó su intención de ejecutar el ERE y desmantelar el complejo industrial».
