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La sentencia asegura que Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas redactaron las actas de la comisión de retribuciones aunque no formaban parte de ella

Imagen del juicio contra los exdirectivos de las cajas en la Audiencia Nacional | EFE

en A Coruña, 25 de marzo de 2017 (06:00 CET)

El 4 de agosto se produce una reunión clave de la comisión de retribuciones de Novagalicia. Se celebra cuando ya era “notorio”, en palabras de la jueza Ana Rodríguez Piorno, “el rescate de la entidad por parte del FROB” y con el único objetivo de proponer al consejo de administración que la bancarización –la conversión de Novacaixagalicia en NCG Banco-- fuera contemplada como causa de la facultad de desestimiento. Es decir, que una vez traspasado el activo a la nueva entidad, los directivos tuvieran derecho a presentar su cese y acceder a los blindajes por desestimiento estipulados en sus contratos.

Este paso, fundamental para el cobro de las indemnizaciones, salió adelante con dos particularidades "sorprendentes". Según la sentencia, las cartas de renuncia de los altos directivos “estaban redactadas, cuando menos, desde el día anterior, desde el 3 de agosto”. Exhibe como prueba la jueza la carta remitida por Rodríguez Estrada al abogado Ricardo Pradas en un correo electrónico ese día.

Los directivos de Novagalicia redactaron sus cartas de renuncia antes de asegurar sus millonarias prejubilaciones

Esto probaría, a su entender, que los directivos blindaron sus finiquitos siendo perfectamente conscientes de su salida de la entidad, lo que invalidaría, por ejemplo, el argumento del enfrentamiento con César González Bueno que esgrimió García de Paredes.

“El consejo de administración, en la sesión de 25 de agosto de 2011, en efecto, aprobó el acuerdo, es más, incluso se decidió la provisión de la cantidad de 28 millones de euros correspondientes a la prejubilación y a la jubilación de los altos directivos y ello sin que, a estas alturas, se acierte a ver en tales decisiones otra razón que la de allanar el camino a los altos directivos que iban a ejercer el desistimiento en apenas unos días. Algo que, evidentemente, la comisión de retribuciones y nombramientos y el consejo de administración ignoraban por completo”, dice la sentencia.

En el acta de ese consejo, una documentación que José María Castellano negó a la comisión de investigación del Parlamento gallego, se recogen peticiones de información “casi con vehemencia” por parte de un consejero que no fueron atendidas y, cuando lo fueron, se transmitió una información “completamente errónea sobre las consecuencias de una renuncia”.

Un informe de PwC encargado por el FROB muestra que las actas de la comisión de retribuciones fueron manipuladas

Pero además, sobre las actas de esas jornadas pesa una sospecha de manipulación. La jueza califica de “sorprendente” que Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas intervinieran en la redacción de las actas de la comisión de retribuciones, como prueban “las evidencias digitales analizadas por parte de los peritos de PWC, a instancia del FROB”, sin ser miembros de la misma.

“En concreto, el 2 de agosto de 2011 se enviaron, vía correo electrónico, modificaciones sobre las actas de las sesiones de la comisión de retribuciones y nombramientos de 4 y de 25 de agosto de 2011”, dice la sentencia.  

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