Factura final de las cajas gallegas: un rescate de 13.500 millones

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El Tribunal de Cuentas, en su último informe, desvela que los fondos públicos comprometidos en Novagalicia se elevaron a 12.279 millones, y en su filial el Banco Gallego fueron otros 1.250 millones

X.R.M.

De izquierda a derecha, José Luis Méndez, Julio Fernández Gayoso, Alberto Núñez Feijóo, Mauro Varela y José Luis Pego / EFE
De izquierda a derecha, José Luis Méndez, Julio Fernández Gayoso, Alberto Núñez Feijóo, Mauro Varela y José Luis Pego / EFE

en A Coruña, 18 de enero de 2017 (05:05 CET)

Es un suma y sigue constante. El Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado el proceso de rescate bancario entre 2009 y 2015, cifra que el coste público del proceso se ha ido hasta los 41.786 millones de euros, a los que hay que sumar otros 18.932 millones aportados por el sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos. En total, la factura de las cajas se eleva a 60.718 millones. Y sumando, porque el Tribunal de Cuentas advierte que hasta que no concluyan las ventas de las entidades intervenidas (entre ellas, Bankia y la antigua Caja Murcia) y se liquide el banco malo (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) no se podrá cerrar el coste total.  

En su informe, el Tribunal de Cuentas mira a Galicia por dos vías: las nacionalizaciones y posteriores ventas de dos entidades, Novagalicia y el Banco Gallego, que era una filial de la extinta Caixanova, al estar participada en más de un 49% por la caja viguesa, primero, y por NCG, después. El Tribunal de Cuentas estima en 12.279 millones los recursos públicos comprometidos en el rescate de Novagalicia: 10.800 millones para el FROB y otros 1.400 millones que puso el conjunto del sistema (Fondo de Garantía de Depósitos). En el caso del Banco Gallego, a mucha distancia, fueron 1.250 millones. 

Los agujeros negros

El informe, en este punto, alude a los recursos comprometidos, pero no al coste real, que en el caso de Novagalicia fue de 9.159 millones, y en el del Gallego, de otros 337 millones. La factura, en el caso de las extintas cajas gallegas, se sitúa a distancia de la CAM, de Bankia, del Banco de Valencia y de Catalunya Caixa. El organismo fiscalizador advierte que, aun respetando la legalidad en todo momento, hay ciertas "insuficiencias" y "deficiencias" en los procesos de privatización, que "no detallaron, como habría sido procedente, todas las garantías que acabaron siendo formalizadas en los contratos de venta". Así ocurrió también en el caso de Novagalicia. 

El informe desvela algunas claves desconocidas hasta ahora que ayudan a entender cómo llegó la entidad gallega a su venta, en 2013, por 1.003 millones, una de las escasas operaciones en las que el FROB logró ingresos. Por ejemplo, en la venta de NCG, el FROB concedió garantías por un importe total de 1.085 millones, que establecen claramente los agujeros negros de las extintas cajas: el traspaso de activos a la Sareb (garantías por 144 millones), el resultado de laudos arbitrales por las preferentes (otros 226 millones), las responsabilidades por la comercialización de híbridos (277 millones), las cláusulas suelo (319 millones) y las coberturas de tipos de interés (119 millones). Esa fue la consecuencia de una gestión nefasta que todavía permanece en el limbo.

De los recursos al coste final

Para alcanzar esos 13.500 millones entre Novagalicia y Banco Gallego, que ha acabado en manos del Sabadell, el Tribunal de Cuentas matiza que "el concepto de recursos comprometidos  no debe confundirse con el de coste del proceso de reestructuración". El primer concepto, recursos comprometidos, dice el organismo, "únicamente sirve para delimitar el importe monetario del conjunto de actuaciones sometidas a la presente fiscalización; esto es, el importe por el que se materializaron las distintas medidas de reestructuración adoptadas por los órganos competentes y cuya legalidad ha sido examinada en el curso de esta fiscalización".  

No todos los componentes de este conjunto de recursos comprometidos representa, en términos económicos, un coste. Así, a efectos de estimar el coste debe descontarse el importe obtenido por el sector público en los casos en los que se ha procedido a la venta de la totalidad o de parte de la participación en el capital de las entidades. Tampoco puede considerarse coste el importe por el que el FROB mantiene en su balance las participaciones de las entidades en las que aún participaba a 31 de diciembre de 2015, u otra serie de instrumentos y activos financieros.
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