Protesta de los trabajadores de Frigolouro / CIG
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La Inspección de Trabajo ordena dar de alta en el régimen general a los autónomos de Servicarne tras recibir un centenar de denuncias impulsadas por CIG

en A Coruña, 16 de marzo de 2018 (05:00 CET)

La Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Empleo, ha respaldado el centenar de denuncias que viajaron desde Galicia a Madrid en respuesta a las malas condiciones laborales de los trabajadores autónomos de Coren. La iniciativa, impulsada por la CIG, apuntaba directamente a Servicarne, una cooperativa de trabajo asociado originaria de Cataluña, que surte al grupo gallego de trabajadores para diversas plantas, siendo la de Frigolouro, en O Porriño, la más conocida por las movilizaciones de protesta de los últimos años.

Estos empleados se integran en la plantilla pero bajo el régimen de autónomos, es decir, fuera del convenio y sin las prestaciones sociales de los trabajadores asalariados. Esta operativa puso a Servicarne en el ojo del huracán, acusada por los sindicatos de proveer de “falsos autónomos” a las empresas del sector cárnico, como Coren o Grupo Sada en Galicia. La sociedad colgó en su página web un escrito rechazando las acusaciones.

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Rueda de prensa de la CIG en Vigo / CIG

La autoridad laboral, sin embargo, ha resuelto las reclamaciones presentadas de manera favorable a la interpretación de la CIG, obligando a dar de alta en el régimen general a los trabajadores que distribuye Servicarne, según informó la central en rueda de prensa este jueves.

Según la CIG, la Inspección de Trabajo de Pontevedra ya comunicó a Frigolouro que debe dar de alta como asalariados a los empleados cedidos por Servicarne antes de noviembre. La decisión afectaría a unos 250 trabajadores, pero previsiblemente se extenderá al resto de plantas del grupo Coren, incluida la sede central de Ourense, con lo que se alcanzarían cerca de 800, calcula el sindicato.

Abre una guerra judicial

La decisión pone contra las cuerdas todo el funcionamiento de la cooperativa catalana, a la que se asocian unos 5.000 trabajadores. Previsiblemente, reconoce la CIG, derivará en una prolongada batalla judicial en la que también se implicarán las empresas.

Pero esta batalla tendrá dos frentes. Por lo pronto, el sindicato ya tiene en marcha la tramitación de demandas individuales en reclamación de las cuotas abonadas por los trabajadores en su condición de autónomos durante los últimos cuatro años. La central celebró asambleas en Lugo, Pontevedra y Ourense para informar a los afectados de esta posibilidad.

La Inspección de Trabajo valora ahora si Servicarne debe ser descualificada como cooperativa, es decir, si debe cursarse la baja administrativa de la sociedad por tratarse de una “falsa cooperativa”, y estudia posibles sanciones.

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