Ence pasa al ataque: “Si cerramos Lourizán, abriremos fuera de España”
Ignacio de Colmenares, CEO de Ence, dice ante la junta general que invertirá en "un país que dé seguridad jurídica" si es obligada a cerrar en Pontevedra
La factoría de Ence en Pontevedra no es trasladable a otro lugar de España. Así lo ha remarcado el consejero delegado de la pastera, Ignacio de Colmenares, durante la junta general de accionistas de la compañía que ha tenido lugar este jueves. El cambio de postura del Gobierno, que ahora se allana en los pleitos para pedir la anulación de la concesión a la factoría deja en el aire la continuidad del complejo de Lourizán. Pero la compañía, que ve “improbable” un hipotético, cierre advierte: si es obligada a echar el candado a su factoría gallega, abrirá otra, pero lejos de España.
“Invertiremos con criterio puramente económico; yo no creo que invirtamos en Galicia; invertiremos fuera de España, en un país que nos dé seguridad jurídica”, aseguró el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, quien también anunció que congelará 25 de los 75 millones de euros comprometidos en inversiones previstas para este año en la planta pontevedresa. Algo que contrasta con Navia, que verá canalizado un mayor volumen de inversiones mientras dure la incertidumbre con la factoría gallega. «Queremos ampliar nuestra capacidad de producción en 230.000 toneladas de celulosa en 2023 y todas ellas [las inversiones] las vamos a hacer integras en Navia», aseguró de Colmenares.
Seguir en Pontevedra, primera opción
La opción de abrir en el extranjero solo se activaría en el caso de que la justicia anula la extensión de la concesión hasta 2073 que se acordó en enero de 2016. “Lo que contemplamos es quedarnos ahí”, reivindicó el consejero delegado de la compañía, que avanza una batalla legal contra el Estado para evitar una decisión que afectaría a las “5.000 familias” que, directa o indirectamente, dependen de Ence.
“Ence ha acordado autorizar al consejero delegado y al secretario del consejo para que se defienda hasta las últimas instancias el interés de la sociedad, de sus accionistas, trabajadores y proveedores, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños y perjuicios causados, y las responsabilidades personales que procedan”, asegura la compañía a través de un comunicado. En él reivindica que su actividad “se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental” y la “riqueza de los bancos marisqueros que se encuentran junto a la biofábrica pontevedresa”.
