En la imagen, el presidente de Ence, Juan Luis Arregui, y el consejero delegado, Ignacio Colmenares, en Pontevedra / Ence

Ence pierde en bolsa lo que costaría cerrar su fábrica de Pontevedra

La compañía pierde 158 millones de euros de valor en bolsa en dos sesiones tras el giro del Gobierno, que ahora respalda anular su concesión

El giro del Gobierno ha asestado un fuerte golpe a las acciones de Ence. La compañía, que el pasado mes de diciembre regresó al Ibex 35 dos décadas después, ha sufrido una caída en bolsa del 10,8% en apenas dos días. El apoyo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a los recursos para pedir la anulación de la prórroga en su concesión ha provocado que Ence haya pasado contar con una capitalización bursátil de 1.455,5 a una de 1.298,8 millones de euros.

El cambio de rumbo del Gobierno a apenas un mes y medio de que se celebren elecciones generales ha borrado 157,6 millones de euros de valor en bolsa a la pastera. Es casi tanto como el coste estimado que tendría un hipotético desmantelamiento de su fábrica en Lourizán (Pontevedra). En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía calcula que el “improbable” cierre sin alternativas de su planta gallega tendría un coste aproximado de 185 millones de euros. De esta cantidad, 43 millones de euros se corresponderían a los propios gastos para desmantelar la fábrica, a los que se sumarían 16 millones por la cancelación de contratos ya en vigor, 15 millones de euros en indemnizaciones para los 400 trabajadores directos de la planta y 111 millones de euros por la pérdida de uno de sus activos estrella.

Aporta 60 millones de beneficio

Este año se cumple un lustro desde que la compañía dejó de producir celulosa en su factoría de Huelva, donde ahora cuenta con dos plantas de biomasa con una potencia de 91 megavatios. Era una de sus tres fábricas en España, junto a la de Navia (Asturias) y la de Pontevedra, que en los últimos años han empujado a la compañía hasta beneficios récords.

Solo la planta de Navia contribuyó con unos ingresos de 390,1 millones de euros y un beneficio de 75,8 millones de euros, según constata la compañía en sus cuentas anuales de 2018, en el que logró un beneficio de 129,1 millones de euros. Son unos resultados ligeramente superiores a los de la planta de Pontevedra, que el año pasado aportó 298,3 millones de euros a su cifra de negocios y 60,8 millones de euros al beneficio del grupo, casi el doble que el año anterior (33 millones).

Empuje de la energía

La fábrica de Ence en Pontevedra cerró 2018 con una producción de 447.487 toneladas de celulosa, un 18,7% menos que la de Navia. Pero esta no es la única fuete de ingresos que aporta a la compañía.

La pastera es también la líder española en producción de energía renovable a partir de biomasa forestal y agrícola, con la que cubre sus necesidades en plantas como la de Pontevedra. La compañía confía en que esta área de negocio de un espaldarazo a sus resultados en los próximos años. En su plan estratégico 2019-23, Ence calcula que su división renovables cerrará el periodo aportando 150 millones de euros anuales a su ebitda, el triple que actualmente, que se sumarían a los 400 millones que procederían de la venta de celulosa, que escalaría desde los 245 millones de euros.

Canon e inversiones, la otra cara de la concesión

Ence vio extendido el futuro de su fábrica en Pontevedra en enero de 2016, cuando el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy acordó extender la concesión de dominio público marítimo-terrestre hasta el año 2073. A cambio, la pastera se comprometía a inversiones millonarias.

Además de los 70 millones de euros destinados a mejoras de eficiencia y en materia medioambiental (de los que ya ha ejecutado 41 millones), la compañía suscribió un pacto ambiental con la Consellería de Medio Ambiente para invertir otros 94 millones de euros. Con ellos se financiaría la instalación de tres centros de bioenergía y una instalación de cogeneración con biomasa. Estas cantidades se sumarían a l0s 1,57 millones de euros que debe desembosar cada año a la administración en concepto de canon.

Un artículo de Javier G. Casco

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