El Estatuto Electrointensivo para salvar Alcoa: sin subasta y en marzo
Industria presenta las líneas básicas del estatuto, que no deberá pasar por el filtro de Competencia y prevé ahorrar 90 millones de euros a 600 empresas
El Ministerio de Industria espera poder aprobar en marzo el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un real decreto que es demandado desde hace más de un año por la grandes empresas consumidoras de Galicia, como es el caso de Alcoa. El Gobierno asegura que el texto que este martes saldrá a audiencia pública beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico (31 de ellas en Galicia) con 90 millones de euros, algo que se conseguirá mediante bonificaciones de un 85% en los cargos de sus facturas de consumo. Esta cantidad, junto a las compensaciones por costes de C02, que el año pasado fueron de 172 millones de euros, elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.
Según se indica desde el ministerio de Reyes Maroto, la intención del Gobierno central es que el texto esté aprobado en el mes de marzo. La nueva norma será tramitada de urgencia y ya no tendrá que pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace aproximadamente un año tumbó el primer borrador del estatuto al considerar que, tal y como estaba planteado, algunas de sus medidas podían ser consideradas por la Comisión Europea como ayudas de Estado.
Bonificaciones con cargo al presupuesto de Industria
El Estatuto permitirá que los cargos que las industrias grandes consumidoras de electricidad abonan en la factura, destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares, les sean bonificados en un 85%, cantidad que se les devolverá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, con lo cual no se repercutirá en el recibo del resto de los consumidores.
Según el Gobierno, unos 90 millones podrían ser devueltos a unas 600 industrias por este mecanismo, cantidad a la que habrá que sumar las compensaciones por costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) para las que el año pasado el Ministerio de Industria destinó 172 millones de euros, una cantidad, no obstante, que tiene intención de ampliar en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben.
El Estatuto establece un mecanismo transitorio para calcular el importe de los cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y, así, poder compensárselo en tanto el Gobierno actualiza los cargos de la factura eléctrica.
Acuerdos bilaterales de compraventa
El tercer eje de medidas lo constituye un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingles) por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a través de un fondo, cuya cuantía está por determinar, y otras garantías.
El objetivo de esta medida es fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan PPA o contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable.Según han explicado fuentes del Gobierno, el objetivo es generar mercado donde ahora éste falla, pues no hay contratos a diez años de industrias con comercializadores y generadores de electricidad, debido a que las altas garantías que se exige a las industrias no las provee el mercado, lo que hace que ahora esos contratos no vayan más allá de tres o cuatro años.
Para que las industrias puedan obtener a esas garantías para PPA previstas en el Estatuto, éstas deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha.
Sin subastas de interrumpibilidad
De las 600 industrias que podrían beneficiarse de las medidas del Estatuto del Consumidor Electrointensivo -cuyo consumo es de unos 40.000 gigavatios al año (el 17 % de la demanda nacional) y que afectan a un entorno de 300.000 trabajadores-, 153 están en Cataluña (25 % del total), 44 en el País Vasco, 31 en Galicia, 19 en Asturias y 19 en Madrid.
Aunque el Estatuto no hace referencia a las subastas de interrumpibilidad, un mecanismo con el que se ha compensado a la industria electrointensiva por su disponibilidad a bajar o parar su consumo para cubrir las necesidades del sistema eléctrico o frenar la subida de precios, este mecanismo va a ser rediseñado y será distinto.
En realidad, estas subasta apenas aportaban beneficios en este momento para la gran industria, ya que la potencia interrumpible a subastar se fue reduciendo paulatinamente y en la última subasta solo salieron a puja 1.000 megavatios, por los que las industrias adjudicatarias solo obtuvieron 4,38 millones, frente a los 95 millones de la anterior.
