Primera concentración del calendario de protestas acordado por el comité de empresa de la factoría de Alcoa con los alcaldes de A Mariña / EFE

El bloqueo político pone el contador a cero para Alcoa y Navantia

Las dificultades para pactar un Gobierno estable dejan en suspenso la aprobación del estatuto electrointensivo y la adjudicación de nuevos buques a Navantia

Las reformas pendientes del Gobierno para sofocar la crisis industrial que padece Galicia se quedan en stand by. Los resultados electorales del domingo dejan un Congreso de los Diputados igual de fragmentado que el resultante tras el 28-A y sin visos de que se logren tejer alianzas para formar gobierno a corto y medio plazo. Esta situación agrava la crisis de dos iconos industriales de Galicia que aguardan por sus respectivos salvavidas: Navantia y Alcoa.

La multinacional americana ha paralizado 32 de las 512 cubas de electrolisis de su planta de San Cibrao ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados precios eléctricos que ponen a esta factoría en desventaja frente a centros de Francia o Alemania y aguarda, entre otras cosas, por el salvavidas que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió ya para antes de las elecciones del 28 de abril: el estatuto para la industria electrointensiva.

La medida se topó con un informe desfavorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el día anterior a que el Consejo de Ministros del 26 de abril (el último antes de aquellos comicios) le fuese a dar la luz verde. Desde entonces han transcurrido casi siete meses en los que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha supeditado su aprobación a la formación de Gobierno, una posibilidad que el 10-N ha dejado tan alejada como en su día ocurrió con la cita del 28-A.

Un parche contra el parón en Navantia

A la crisis de Alcoa en San Cibrao, a la que el propio presidente de la Xunta de Galicia ubicó en situación de “precierre” se suma de la de Navantia. Ni su astillero de Fene, ahora reconvertido a las energías renovables off shore, ni el de Ferrol tienen asignada la construcción de nuevos buques hasta el año 2022, cuando se inicien las obras de la primera de las cinco fragatas F-110 encargadas por la Armada española.

Hasta entonces, el astillero ferrolano solo contará con la carga de trabajo que le brindan los últimos coletazos de la construcción de los dos buques logísticos AOR para Australia, que ya han sido botados y que serán entregados a comienzos de 2020 y de 2021, respectivamente.

Es por ello que el comité de empresa de Navantia en Ferrol ha exigido al Ministerio de Defensa que le encargue un nuevo buque logístico para mitigar una falta de carga de trabajo que amenaza cientos de empleos en las auxiliares del astillero. Sin embargo, sus pretensiones se han topado contra el mismo muro que Alcoa con su estatuto electrointensivo. La propia ministra de Defensa en funciones aseguró durante su última visita a Ferrol que el, a su juicio, "bloqueo político" de la oposición a los Presupuestos Generales del Estado propuestos por Pedro Sánchez han hecho imposible la adjudicación de este nuevo contrato. 

Tanto el estatuto para la industria electrointensiva por el que suspiran Alcoa, pero también Ferroatlántica o Megasa, como el buque para Navantia fían su futuro a los pactos que se cuezan en el Palacio de la Moncloa. La cuenta atrás para la formación de un nuevo Gobierno no se activará hasta que un candidato decida presentarse a la sesión de investidura. A partir de ahí se abrirá un plazo de dos meses para investir al presidente del Gobierno. En el caso de no lograrse el acuerdo, las cortes se disolverían nuevamente y se convocarían nuevas elecciones generales en el plazo de 47 días

 

Un artículo de Javier G. Casco

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