Vuelco en la patronal: cambio de modelo, de gobierno y hasta de nombre
El comité ejecutivo de la CEG aborda el lunes un borrador de nuevos estatutos, que eliminan la junta directiva y crean una presidencia rotatoria bianual
La patronal gallega se pondrá a prueba el próximo lunes. Para ese día está convocado un comité ejecutivo, su órgano permanente de gobierno, que analizará un documento de trabajo que establece nuevos estatutos para la organización empresarial. Una vez resueltos en gran medida los problemas financieros que ahogaban a la organización, con la refinanciación del crédito hipotecario de su sede, Antón Arias presidirá el lunes uno de los comités más determinantes para decidir el nuevo rumbo en la CEG.
Mucho va a cambiar en la patronal gallega, empezando por el nombre, si sale adelante la propuesta de nuevos estatutos, que del comité ejecutivo, si así lo decide, pasará a ser abordada en un breve plazo por la junta directiva, para ser finalmente votada en la asamblea general. El documento, según fuentes de la organización, ha sido elaborado por los secretarios de las cuatro organizaciones provinciales, con cesión en algunos aspectos a las reclamaciones de dichas confederaciones, en un intento por alcanzar un cierto consenso que ahora parece lejano.
Sin embargo, los cambios son ambiciosos. Empezando por el nominal, la patronal gallega pasará a denominarse Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) CEOE-CEPYME Galicia, con ese nuevo apéndice, en un intento por remarcar de forma explícita que está integrada en la organización nacional que preside Juan Rosell.
Adiós a la junta directiva
También cambian sus órganos de gobierno. De la actual configuración de comité ejecutivo, junta directiva y asamblea general, se pasa, con nueva denominación, a solo dos órganos, uno ejecutivo y otro de representación. Se trata del consejo rector y de la junta general, que sustituyen al comité ejecutivo y a la asamblea. La junta directiva, hasta ahora formada por el presidente de la CEG, los expresidentes, los cuatro presidentes provinciales y vocales de otras organizaciones, desaparece. Tanto Fernández Alvariño como Diéter Moure, predecesores de Arias, son miembros natos de esa junta directiva llamada a extinguirse.
El consejo rector seguirá integrado por el presidente, los cuatro vicepresidentes y otros vocales. Entre ellos, las organizaciones sectoriales de ámbito autonómico tendrán, al menos, un representante en el consejo rector, debiendo en todo caso ser el número inferior a los representantes con que cuente la confederación provincial con menor representación.
La presidencia rotatoria
La nueva patronal, de salir adelante la reforma estatutaria, tendrá una presidencia que se ostentará de forma rotatoria bianual. Y, según el documento de trabajo, seguirá el orden toponímico de las provincias gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra), asumiendo en cada período bianual la presidencia quien designe el órgano de gobierno competente de la confederación provincial que por turno le corresponda.
Esta propuesta, lejos de ser rupturista, atiende a las reclamaciones que durante meses se vinieron realizando desde algunas de las organizaciones provinciales, ya antes de la llegada de Antón Arias a la presidencia de la CEG. Por ejemplo, tras la crisis abierta tras la marcha de Diéter Moure.
Transitoriedad
Una disposición transitoria establece algunos matices, sustanciales, a este cambio.
El sistema de presidencia rotatoria bianual entrará en vigor a los cinco años de la aprobación de la reforma estatutaria. De esta forma se establece una transición en el modelo. Durante los cuatro primeros años, y a modo de test, el sistema rotatorio será anual siguiendo la rotación por antigüedad en el cargo por cada presidente de cada una de las cuatro confederaciones provinciales. Este sistema daría, de ser aprobado, el primer turno a A Coruña, para seguir con Ourense y, después, Pontevedra, al estar Lugo sin presidente.
De otro lado, el peso de los miembros de la junta general se modificará, y será actualizado y calculado en función del número de las empresas existentes en cada provincia, según los datos del Instituto Gallego de Estatística. Habrá un baremo, que podrá ser revisado cada dos años: cuarenta representantes por cada 20.000 empresas censadas. Esto modificará sustancialmente el peso de cada provincia en la estructura de esa nueva junta general, sustituta de la asamblea.
