El juez salva a Celsa y le permite aplazar un préstamo por el Covid-19
El grupo siderúrgico con planta en A Coruña desvela sus penurias con el coronavirus para aplazar un año el vencimiento de un préstamo
Grupo Celsa ha conseguido aplazar un año en los tribunales el vencimiento de un préstamo alegando que el impacto del coronavirus ha hecho saltar por los aires su plan de viabilidad. Un juez de Madrid aceptó las medidas cautelares solicitadas por Global Special Steel y otras filiales del grupo que dirige Francesc Rubiralta e impuso la moratoria al entender que la pandemia es un hecho «no previsible» que ha alterado «de manera importante» su capacidad para cumplir con los plazos pactados.
La decisión del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid afecta al préstamo sindicado de 900 millones de 2017, el vencimiento asciende a unos 137 millones y en el grupo de acreedores están Apollo, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank o Morgan Stanley, entre otros.
El coronavirus acabó con los clientes de Celsa
El magistrado subraya que el grupo, que tiene una planta en A Coruña, planificó las amortizaciones del préstamo conforme a un plan de viabilidad, teniendo en cuenta «las proyecciones de construcción de vivienda, licitaciones públicas y ventas de coches para determinar la demanda de consumo de acero» en los años siguientes.
Sin embargo, el Covid-19 obligó al cierre completo de los dos sectores más importantes en los que operan la mayor parte de los clientes del Grupo Celsa, como son la industria de la construcción y del automóvil.
Las cuitas de Celsa
Mientras los acreedores preparan la batalla legal, la compañía que compró en 2004 la acería del empresario gallego Manuel Añón se desnudó ante el juez para hacerle ver sus cuitas ante la pandemia, comenzando por el ERTE que afecta a 3.041 trabajadores en España, el 89% de su plantilla.
En un informe elaborado por la propia empresa señala que «la reducción de ventas y de margen han supuesto una pérdida de facturación de, al menos, 144 millones de euros, una disminución del resultado operativo del grupo de 174 millones -esto es, un 45 % menos que el previsto-, y una posición de tesorería a finales de abril de 60 millones en lugar de los 83 millones previstos».
El juez supende los vencimientos
El juez destaca el carácter excepcional del contexto, como reflejan «las distintas normas que ha venido dictando el Gobierno al amparo del estado de alarma», y aunque no entra a valorar si se dan los criterios para aplicar la fuerza mayor, sí que «se dan todos los requisitos» para aplicar la regla del «rebus sic stantibus».
Por ello, estima las medidas planteadas por la compañía, a la que impone una caución de 750.000 euros, y suspende los vencimientos de principal e intereses previstos por el calendario hasta mayo y noviembre de 2021, prohibiendo a las entidades prestamistas resolver el contrato, exigir su reembolso, ya sea total o parcial, o ejecutar las garantías.
