El presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez | EFE

El Gobierno inyecta 140 millones en Navantia para evitar la disolución

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La Sepi, adscrita al Ministerio de Hacienda, concede otro préstamo participativo a Navantia para evitar que entre en causa de disolución debido a las pérdidas

en A Coruña, 20 de junio de 2018 (05:00 CET)

La factura de Navantia, arrastrada de los años de sequía de contratos durante la crisis económica, continúa creciendo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dueña de los astilleros públicos, ha concedido un nuevo préstamo participativo a la empresa que preside Esteban García Vilasánchez para sacar a la sociedad de la causa de disolución en la que se encontraba a cierre de ejercicio. El crédito ascendió a 140 millones, que se suman a las inyecciones de capital, que de forma directa o a través de triquiñuelas contables, han ido sosteniendo los números de Navantia de manera continuada desde el año 2015.

Desde entonces, la Sepi, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, destinó 460 millones a restablecer el equilibrio patrimonial de Navantia mediante la conversión de créditos para desarrollos tecnológicos militares en préstamos participativos y mediante la concesión de nuevos préstamos de esta misma naturaleza. La conversión de los créditos destinados a innovación permite que las partidas computen en el patrimonio neto, evitando así la entrada en causa de disolución según lo establece la Ley de Sociedades de Capital. Dicho de manera sencilla, se cambia la naturaleza del crédito para cuadrar los números.

Este año, el organismo que preside Pilar Platero recurrió a ambas fórmulas. Concedió un préstamo participativo de 140 millones a Navantia y convirtió créditos vinculados al I+D por valor de 17,2 millones.

Navantia necesita todavía más dinero

A pesar de la inyección, Navantia continúa necesitando más dinero, que la Sepi prevé aportar antes de que finalice el año. Los 157,2 millones, entre préstamos directos y conversión de créditos, sacaron a los astilleros de la causa de disolución, pero “se encuentran en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2018 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial”, explica la memoria de Sepi publicada este martes.

Tantas necesidades se corresponden con las pérdidas que acumula la empresa. Navantia, envuelta en la negociación de su plan estratégico y con la vista puesta en los macrocontratos de Defensa y de Arabia Saudí, piedra angular de su viabilidad, volvió a marcar el tope de números rojos entre las empresas controladas por la Sepi. Cerró 2017 con un resultado negativo de 296,4 millones, similares a las del ejercicio precedente, cuando se dejó 303 millones en pérdidas.

El fondo de contingencia del Estado

De la recuperación de Navantia no depende solamente buena parte de la actividad económica y el empleo de Ferrol, sino también más de 600 millones aportados por el Estado. La Sepi anota en su balance de cuentas lo que denomina provisiones para reestructuraciones patrimoniales, inyecciones de capital para mantener el equilibrio financiero de las empresas públicas que se reflejan a modo de provisión en el balance.

La cuantía, en el caso de los astilleros públicos, asciende a 633 millones de un total de 804 millones. Además de Navantia, las provisiones más importantes corresponden a los antiguos astilleros de Izar, la sociedad que integró los astilleros civiles y militares de Bazán, con 162 millones. En consecuencia, el negocio naval acapara más del 90% de estas provisiones. Restarían 5,8 millones de Agencia EFE y 1,7 millones de Covifacasa.

La Sepi cerró ejercicio con unas pérdidas de 225 millones, controlando a cierre del curso 13.391 millones en activos.  

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