El rescate de Navantia cuesta al Gobierno 500 millones en tres años

La Sepi, a través de préstamos participativos, ha destinado 460 millones desde 2015 a evitar la quiebra de Navantia, que aún necesitará más dinero

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Se está haciendo larga la travesía para Navantia, tan mermada en su actividad durante la recesión económica que cuando volvió a pescar contratos de importancia su balance financiero estaba hecho añicos. En 2015 encajó las pérdidas más elevadas de su historia, 166,7 millones, hasta que al año siguiente las superó, con números rojos de 229,7 millones.

Cada uno de los envites dejó a los astilleros públicos en causa de disolución, según la establece la Ley de Sociedades de Capital, al reducir drásticamente su patrimonio neto. Y en cada ocasión fue necesario que la Sepi, la sociedad pública que controla Navantia como único accionista, saliera al rescate de la empresa, que despliega sus centros productivos en Ferrol, Cadiz y Cartagena.

Entre mayo de 2015 y marzo de 2017, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al Ministerio de Hacienda, destinó 460 millones a restablecer el equilibrio patrimonial de Navantia mediante la conversión de créditos para desarrollos tecnológicos militares en préstamos participativos y con la concesión de nuevos préstamos de esta misma naturaleza.

En marzo de este año, la Sepi concedió un préstamo de 90 millones a Navantia para evitar que entrara en causa de disolución

La ventaja de los préstamos participativos es que computan para el patrimonio neto, elevándolo y evitando la disolución forzosa de la sociedad. La última inyección para los astilleros se rubricó el 28 de marzo, con un préstamo de 90 millones concedido por Sepi. El saneamiento, según admite Navantia en su memoria de ejercicio, fue insuficiente, pues “la sociedad no se encontraba en causa de disolución, pero se encontraba en situación patrimonial de reducción (de capital)”. Razón por la que será necesario continuar inyectando fondos a lo largo de este año.

“Los administradores de la sociedad tienen previsto ejecutar las medidas necesarias dentro del plazo legalmente establecido para resolver estas situaciones”, dice Navantia al respecto en su informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016.

Un rescate de tres años

La Sepi comenzó a socorrer a Navantia bajo esta fórmula en 2015. El 29 de mayo de ese curso transformó préstamos por valor de 128,8 millones y el 30 de diciembre transformó otros 79 millones, además de realizar una aportación adicional de 60 millones.

Al año siguiente se repitió la historia. La Sepi aportó dos préstamos participativos, uno el 27 de julio por valor de 63 millones y otro el 23 de diciembre por valor de 30 millones. Apenas tres meses después, en marzo de este año, se firmaba el último, de 90 millones. En total, 450,8 millones para evitar la quiebra de Navantia. Esta cuantía se elevará previsiblemente hasta cerca de los 500 millones si se produce una nueva inyección, como apunta la dirección de los astilleros públicos en su memoria de ejercicio.

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