El futuro de Alcoa en San Cibrao, visto para sentencia

La Sala de lo Social del TSXG acogió este jueves el juicio sobre el ERE de Alcoa, cuyo resultado puede ser crucial para definir el futuro de la factoría de aluminio primario de San Cibrao. Aunque el magistrado ha dado tres días a las partes para entregar sus conclusiones, el juicio ya ha quedado visto para sentencia y se espera que en unas semanas se conozca el fallo. De nuevo, tal y como ocurrió en la vista de medidas cautelares que acabó prohibiendo la parada de las cubas hasta la resolución de este litigio, la jornada fue maratoniana. No hubo grandes novedades en las posturas de las partes enfrentadas. El objetivo de los trabajadores y de la administración central y autonómica es que el expediente de regulación de empleo sea declarado nulo. Aseveran que hubo «mala fe» en el periodo de consultas, algo que la compañía americana niega.

En sus conclusiones finales, la letrada de la representación de los trabajadores indicó que, tras horas de juicio, «se ha repetido la pantomima que Alcoa ejecutó a lo largo de 120 días» durante unas negociaciones con la parte social que, según la parte demandante, no fueron reales. «Desde el principio se sabía que se iba a terminar abortando una venta», indicó.

¿Un periodo de consultas no ajustado a la ley?

Una postura similar fue la esgrimida por el abogado representante de la Xunta de Galicia, personada como autoridad laboral competente. El letrado insistió en que la compañía no llevó a cabo un periodo de negociaciones del ERE ajustado a la legalidad. «No se ha realizado el perceptivo periodo de consultas tal y como está establecido por la ley, no se ha entregado la documentación correcta a los trabajadores y, en definitiva, no se ha respetado el procedimiento recogido en el estatuto de los trabajadores», indicó.

El abogado del Estado que representaba al Ministerio de Industria también fue especialmente duro con los de Pittsburgh. Expuso que, a la vista de lo ocurrido en los últimos meses (en los que el Gobierno central trató de mediar para que la británica Liberty House se hiciese con la factoría de aluminio primario y evitar el desmantelamiento), «Alcoa nunca estuvo dispuesta a vender«. El letrado fue más allá, e indicó que la intención del grupo aluminero, en realidad, no es cerrar la planta, sino paralizarla, pero mantener un mínimo de actividad –de ahí que el ERE se haya aplicado a un 85% de la plantilla– con el objetivo de retener las ayudas millonarias estatales de C02, que, si no, tendría que devolver.

¿Era posible bajar la tarifa eléctrica?

Alcoa ha negado la mayor. Representada por el bufete Garrigues, insistió en todo momento en que el precio de la electricidad en España hace inviable el mantenimiento de la actividad de la planta, que cerrará el año con pérdidas de cerca de 60 millones de euros. Industria, y también los sindicatos, niegan que el Gobierno no ofreciese una solución al precio eléctrico. «Se negó a sentarse con el Gobierno para abordar el plan industrial«, dijeron, para recordar que Alcoa recibió 659 millones de dinero público desde 2013 por las subastas de interrumpibilidad, así como 44 millones en compensaciones de CO2.

«El periodo de consultas fue una simulación, porque en octubre de 2019, cuando Alcoa adoptó la decisión de reducir la producción mundial de aluminio, miró el mapa y señaló a San Cibrao», indicó el abogado del Estado, para argumentar que nunca hubo posibilidad de negociación, ni con los trabajadores, ni con la empresa interesada ni con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que se ofreció a comprar la factoría, para luego traspasársela a Liberty.

«Lo que quería Liberty no era razonable»

Alcoa negó la mayor. Indicó que, a la vista de los datos económicos aportados, quedaba acreditada la necesidad del ERE. Además, cargó contra el comité de empresa. Asegura la compañía americana que fueron los trabajadores de A Mariña los que nunca quisieron negociar «nada que no fuera la venta o la retirada del ERE» y que ni siquiera valoraron otras opciones planteadas, como un ERTE, que daría tiempo a Alcoa para, quizás, buscar una salida o un nuevo comprador.

La compañía insistió en que la oferta tanto de Liberty House como, posteriormente, del Gobierno, nunca fue razonable. «No se entiende que Alcoa llegase a poner 130 millones encima de la mesa en la negociación y que esto no fuese tomado como razonable», aseveró la defensa, quien sembró dudas sobre que el gigante de Sanjeev Gupta pueda desarrollar realmente en San Cibrao el proyecto de aluminio verde que pregona.

El presidente de Alcoa España

El juicio contó con la intervención de Álvaro Dorado, el presidente de Alcoa España, quien insistió en que en la «última oferta» trasladada a la SEPI para la compraventa se ofreció aportar 130 millones de euros, 50 millones de ellos de los costes de separación de las dos plantas. El directivo también defendió la necesidad de parar las cubas de San Cibrao para evitar los costes económicos que le genera la producción de aluminio. Así, insistió en que el grupo había completado recientemente el rearranque de una planta en Canadá, por un coste cercano a los 50 millones de dólares.

También aseveró que el Gobierno no aportó «absolutamente nada» para garantizar cómo iba a ofrecer un precio de entre 25 y 35 euros por megavatio por hora.

Sin embargo, ha reconocido a preguntas de la parte social que si este año se hubiera recurrido a un precio denominado ‘spot’, más variable, en vez de uno prefijado sí que se hubiera conseguido un precio «un poco más barato» por la incidencia de la pandemia.

La opción del Estado

A lo largo de la interminable sesión de juicio, Alcoa insistió en varias ocasiones en que la SEPI solo hizo una oferta a la compañía cuatro días antes de acabar el periodo de negociación marcada para la venta de la compañía el pasado septiembre, y después de fracasar las negociaciaciones con Liberty House. El escaso periodo de tiempo sería lo que, directamente, invalidaría para Alcoa la acusación de mala fe.

Sin embargo, la parte demandante rechaza esta aseveración, pues indica que, durante las semanas acotadas para la negociación con Liberty, la SEPI se ofreció a participar como mediadora, algo que fue rechazado por Alcoa.

Con todas las cartas sobre la mesa, queda ahora por saber el fallo judicial, decisivo para el futuro de A Mariña lucense.