Industria presiona a Alcoa: "Busca retener las ayudas estatales"

El Ministerio de Industria, personado en el juicio que se desarrolla este jueves en el TSXG por el ERE de Alcoa, ha adoptado una postura dura con la compañía americana. La representación del departamento que dirige Reyes Maroto ha explicado que, a su juicio, el grupo aluminero no quiere el «cierre» de la planta, sino pararla, pudiendo acometer un ERE a su plantilla, pero reteniendo las ayudas públicas recibidas y evitando el altísimo coste que, asegura, implicaría el cierre total de la factoría.

«Cerrar una planta de aluminio es caro y no es la mejor solución, solo cuando está amortizada, y San Cibrao es productiva, no tiene sentido cerrarla», indicó el abogado del Estado, que incidió en los altos costes medioambientales que tendría el cierre total de la factoría de aluminio primario de A Mariña. «En casos similares de cierres de habla de costes tan elevados que podrían afectar al negocio de la compañía», dijo, para explicar que el desmantelamiento de la planta conlleva también la limpieza de los suelos bajo la misma y, además, en el caso de Lugo, la separación de esta planta de la refinería.

«Cuando se habla de que San Cibrao no es viable, la empresa no tiene en cuenta, por ejemplo, en hecho de que esta planta está al lado de la de la alúmina, lo que no conlleva costes de transporte. Tampoco se han comparado los costes de un trabajador en Lugo con los de un empleado en Islandia, ¿son los mismos?», inquirió.

ERE para el 85% de la plantilla

El abogado del Estado indicó que Alcoa ha planteado un ERE para el 85% de la plantilla. «Lo ha hecho así porque son las condiciones que determinan el mantenimiento de las subvenciones estatales de CO2 e impide que no tengan que devolverlas», explicó. «Yo puedo recortar plenamente la producción de aluminio primario, pero justificar que sigo produciendo y retener las ayudas», dijo. «Este puede ser un plan legal o válido, pero hay que analizar ahora cómo se desarrolla este proceso de despido colectivo», expuso, para solicitar que se estime la demanda contra el Expediente de Regulación de Empleo en marcha.

Así, en su exposición de motivos, el abogado del Estado ha asegurado que, en base a las negociaciones mantenidas, queda acreditado que Alcoa nunca tuvo intención de vender la planta ni a Liberty House ni al Estado a través de la SEPI.

Por su parte, el letrado de la Xunta ha recordado, en contra de lo que dice Alcoa sobre las causas de nulidad del despido, que no hubo periodo de consultas, «o el que se practicó con esa apariencia no lo fue», para evitar los despidos, minorar sus consecuencias o buscar alternativas, ni se entregó a la representación de los trabajadores la documentación precisa.