Imagen del centro de salud de Sant Antoni de Portmany

Copasa gana una batalla millonaria en Baleares

La Justicia obliga a un municipio de Ibiza a indemnizar con 677.000 euros a Copasa tras negarle durante una década el pago final de su centro de salud

Diez años. Ese es el periodo de tiempo que lleva esperando la constructora ourensana Copasa a que la administración balear realice el pago final del centro de salud de Sant Antoni de Portmany. Un conflicto de competencias entre el gobierno municipal y autonómico ha privado a la firma gallega de cobrar por una obra finalizada en octubre de 2009. Tras una década de espera, la justicia balear da la razón a Copasa y obliga al ayuntamiento ibicenco a abonar los 676.933 euros correspondientes a la propia construcción y a los intereses de demora.

Así lo determina el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca, que eleva a casi cinco millones de euros la cantidad recibida por Copasa con una obra que ha ido aparejada de constante polémica. El contrato inicial estipulaba un plazo de construcción de diez meses, pero finalmente las obras se estiraron durante más de dos años. Pese a que el ayuntamiento balear responsabilizaba a Copasa de estos atrasos, el perito designado judicialmente ha dado la razón a la firma gallega al considerar que esta demora se había producido por causas externas. Además obliga a que sea el ayuntamiento y no el Gobierno autonómico el que abone el pago final que tanto uno como otro le habían negado a la constructora gallega al entender que no era su competencia.

El territorio más difícil para Copasa

Con presencia en medio mundo, Copasa ha tenido en su cartera de pedidos desde la construcción del AVE a La Meca hasta el megapuerto de Veracruz (México). Sin embargo, en raras ocasiones se ha encontrado con tantas dificultades para operar como en el ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

Y es que la constructora gallega se vio obligada a paralizar en el año 2011 la construcción del nuevo instituto de la localidad cuando ya había construido tres cuartas partes del complejo. El contrato inicial fue adjudicado por un precio de 5,12 millones de euros y estaba previsto que la construcción se completase pasados 16 meses. Pero una vez en ejecución, Copasa exigió que se revisase al alza el importe del contrato en 900.000 euros para poder hacer frente a los nuevos requisitos impuestos por el Institut d'Infraestructures i Serveis Educatiu i Culturals (Ibisec). Estas modificaciones sobre los planes iniciales afectaban al 17,6% del proyecto, imponiendo profundos cambios en partidas como las reservadas para climatización o cubiertas.

Ante la negativa de Copasa a realizar esas modificaciones sin más recursos, el Ibisec rescindió el contrato a la firma gallega y buscó a otra empresa que finalizase las obras. Copasa decidió llevar esta causa a los tribunales y estos le acabarían dando la razón. Tras los recursos de la administración balear, la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares aseguraba en un auto, que desestimó la apelación y en su sentencia arremetía con fuerza contra el Ibisec. “Muy grave es la afirmación y reconocimiento que los cálculos de las estructuras eran erróneos, obligando a recálculos posteriores”, afirmaba, al considerar que “el proyecto inicial y sus anexos han tenido que ser rehechos totalmente durante su ejecución”. 

Javier G. Casco

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