Condena a la Xunta por negar documentación de Corcoesto

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la Xunta por negarse a facilitar documentación sobre el proyecto minero de Corcoesto, una explotación que avaló inicialmente en favor de la multinacional canadiense Edgewater y que acabó por denegar a última hora, cuando la compañía ya pedía los permisos para iniciar la explotación, achacando falta de solvencia de la empresa.

El proyecto fue muy polémico, con vecinos, formaciones políticas y grupos ecologistas manifestándose en contra de la apertura de la mina de oro. En ese escenario, un miembro de una de las asociaciones contrarias a la explotación, ContraminAcción, solicitó en 2012 documentación a la Xunta sobre la naturaleza del proyecto extractivo y sobre la vigencia de los derechos mineros.

Doble negativa de la Consellería de Industria

La solicitud fue denegada en abril de 2013 por del jefe de servicio de Enerxía e Minas de A Coruña de la Consellería de Economía e Industria. Tras ello, el afectado presentó un recurso de alzada que fue desestimado por silencio administrativo.

La Jefatura Territorial consideraba que no procedía la solicitud de acceso a esos expedientes, ya que no habían sido objeto de publicidad, si bien se indicaba que los derechos mineros estaban vigentes y con titularidad de Mineira de Corcoesto.

Los argumentos del tribunal

Sin embargo, el TSXG considera ahora que Industria vulneró «el derecho legítimo» de los ciudadanos a tener acceso a los documentos que «obren en los archivos adiministrativos» en el supuesto de tenga «intereses legítimos relacionados con el caso», cuestión que fija que «ni siquiera puede discutirse en modo alguno» al ser vecino afectado del entorno de la mina.

Además, la sentencia recuerda que hay supuestos en los que es lícito que la administración no aporte esos expedientes, como cuando afecta a la intimidad de las personas o materias protegidas, «pero en ninguno de estos casos» se encuentra esta petición. El fallo anula las resoluciones y obliga a trasladar al demandante la información solicitada, pero no es firma, pues el Gobierno gallego tiene posibilidad de recurrirlo.

Un proyecto judicializado

La mina de Corcoesto era un proyecto de extracción de oro en la comarca de Bergantiños que acabó de la peor manera. La Xunta, que había considerado estratégica la explotación, dio un viraje de 180 grados cuando la tramitación estaba avanzada, incluida una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. Entonces puso, a través del Igape, nuevos criterios de solvencia a la empresa que esta no pudo cumplir, echando abajo la explotación.

Edgewater acabó demandando a la Xunta y, posteriormente, al Reino de España en solicitud de arbitraje internacional. En el contencioso administrativo, la multinacional relataba múltiples encuentros con cargos del Gobierno gallego ante inversores e insinuaba peticiones de soborno a las que no accedió.

Cinco años de retraso

Tras la sentencia, ContraminAcción lamentó que la resolución judicial llegue con “cinco años de retraso”, pues esta «tardanza en la aplicación de la justicia» hace que se vean «privados de ese mismo derecho» que reclamaban.

«¿De qué nos sirve el derecho de acceder a documentos relacionados con un proyecto si se nos concede cinco años después de su solicitud?», critica. Asimismo, se pregunta «qué llevó a la administración a ocultar el estado de las concesiones durante tanto tiempo» y a «obstaculizar» el acceso a esa información.

Con todo, espera que este fallo «sirva de acicate para que la administración no vuelva a retener información que debe ser pública», y, «en el caso de hacerlo, que la Fiscalía Anticorrupción tome las oportunas medidas para depurar las responsabilidades que pudiese haber».