Altos cargos de la Xunta mediaron ante inversores y empresas para activar la mina, según la demanda de Edgewater

El contencioso administrativo que interpuso la multinacional canadiense Edgewater contra la Xunta por la cancelación del proyecto minero de Corcoesto hace una minuciosa cronología de acontecimientos en los que no tiene reparo en describir sin grandes detalles las reuniones mantenidas con miembros del Gobierno gallego.

Según la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que recurre las dos resoluciones de la Consellería de Economía que dieron carpetazo al proyecto –la preclusión del trámite para acreditar la solvencia financiera de la minera y la no aprobación de la explotación–, hasta en tres ocasiones medió el Gobierno gallego para que la mina de Corcoesto llegara a buen puerto.

Fondos internacionales y un socio industrial

Las dos primeras para avalar a Edgewater ante posibles inversores, mayoritariamente fondos internacionales, que ayudarían a financiar la mina. La tercera, una vez paralizado el proyecto, negociando con una empresa interesada en Corcoesto, no está claro si para asociarse con la minera o para explotarlo ella misma.

En estas reuniones participaron el ex conselleiro de Economía, Javier Guerra, el director del Igape, Javier Aguilera o el director general de Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces, según relata la multinacional canadiense. También hubo reuniones con Núñez Feijóo y con Francisco Conde, aunque no le atribuye ni al actual conselleiro ni al presidente de la Xunta labor de mediación alguna.

Reunión con fondos internacionales

La primera de estas reuniones que recoge la demanda se produce en Santiago el 29 de noviembre de 2011 y asisten analistas de fondos de inversión especializados en proyectos mineros. Están representantes de Haywood Securities, Fraser Mackenzie, Société Générale, Stonecap Securities, Pi Financial, Cormark Securities, Caesars Report y Canaccord Genuity.

A la cena asiste el director general de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, y el entonces consellerio de Economía Javier Guerra que, «mostró a los inversores su apoyo al proyecto minero de Corcoesto, siempre que cumpliese con las leyes vigentes y especialmente las medioambientales», relata el escrito.

En ese encuentro, se anunció a los inversores «la próxima entrada en vigor de una nueva ley industrial para agilizar la tramitación» en referencia a la declaración del proyecto como estratégico, proceso que comenzaría a tramitarse en 2012 conforme a la nueva ley reguladora de la política industrial de Galicia.

Feijóo presenta a Conde

Un año después, con Feijóo de nuevo ganador de las elecciones autonómicas, el presidente de la Xunta asiste con «el que vendría a ser futuro conselleiro de Industria, Francisco Conde» a una presentación del proyecto de la que no ofrece información Edgewater. «Por su propia naturaleza, esta reunión no forma parte del expediente administrativo», zanja.

Si atendemos a las manifestaciones recogidas por los abogados de la multinacional, el presidente de la Xunta y dos conselleiros de Economía se habían sentado con los promotores en plena tramitación del proyecto y, en caso de Javier Guerra y Tahoces, incluso habían apoyado a la empresa ante inversores.

Reunión en Corcoesto

Esta situación se vuelve a repetir los días 7,8 y 9 de febrero de 2013, en un viaje a Corcoesto organizado por la multinacional para analistas de fondos internacionales. «En este caso, se trataba de buscar más inversores para la fase de explotación y puesta en marcha del proyecto», explica la minera.

Durante su estancia organizan una reunión a la que asiste el alcalde de Cabana, el popular José Muíño, y el entonces alcalde de Coristanco, el también popular Antonio Pensado. La explotación minera afectaba a terrenos ubicados en sus municipios. También acuden, una vez más, el director del Igape, Javier Aguilera, y el director general de Enerxía e Minas, Ángel Bernado Tahoces, según consta en el recurso presentado por Edgewater.

El plan ‘b’

Los encuentros se producen en el buen ambiente de los comienzos del proyecto, cuando Feijóo anunciaba la creación de 1.400 puestos de trabajo en torno a la mina. La situación se truncó después, cuando la Xunta exigió a Edgewater que acreditase su solvencia financiera en base a informes del Igape que le pedían que ampliase capital por 30,4 millones, y que presentase contratos de financiación ajenos por valor de 91,2 millones de los que, al menos 86 millones, deberían tener un plazo de amortización no inferior a siete años.

La multinacional canadiense es incapaz de cumplir estas exigencias, pierde el proyecto e inicia la ofensiva judicial. Antes de eso, intentó buscar un socio que le permitiese salvar el escollo de la financiación y avanzar hacia la explotación de la mina o, sencillamente, vender el proyecto.

La misteriosa empresa del Ibex

Es en este punto donde vuelve a tomar protagonismo la Xunta como parte activa de las negociaciones, según relata la demanda. «Varias compañías internacionales –Red Kite, Agnico Eagle, Alamos Gold Mining, Moly Mines– con una capacidad más que sobrada como para financiar por sí mismas el proyecto, se interesaron por la compra de Corcoesto», dice Edgewater, añadiendo que le comunicó dicho interés al Gobierno gallego hasta en tres ocasiones. En ningún caso accedió a mantener una reunión.

Fue entonces cuando la minera buscó a un socio local «que fuese del agrado de la Xunta» para retomar el proyecto, y alcanzó un acuerdo «con una empresa del Ibex» que no se identifica en la demanda. «Con esta sí, la Xunta no tuvo problema en reunirse al más alto nivel».

Según la demanda, el Gobierno gallego estuvo negociando durante meses con la empresa española, proceso que concluyó en Madrid, en una reunión con el presidente de Edgewater, George Salamis, «un directivo de la empresa del Ibex y otro directivo de un medio de comunicación de tirada nacional».

En ese encuentro, comunicaron al presidente de la multinacional canadiense que «cabía reconducir la situación a cambio de determinadas prestaciones a las que no se accedió», según relata el escrito de demanda.