La minera de Corcoesto insinúa ante el juez que "los amigos de Feijóo" le pidieron sobornos

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Frustrado por la cancelación del proyecto minero, el presidente de Edgewater compara a la Xunta con el Gobierno de Hugo Chávez y apunta a los allegados al presidente que le ofrecieron ayuda: "Generalmente quiere decir $$ en una maleta Sansonite"

Manifestantes en contra de la mina de Corcoesto | EFE

en A Coruña, 20 de abril de 2016 (02:18 CET)

La cancelación del proyecto minero de Corcoesto sigue coleando a través del recurso contencioso administrativo interpuesto por Edgewater contra la anulación de la explotación y por la demanda internacional anunciada por la compañía contra el Reino de España en busca de recuperar el dinero invertido, que cifra en 20 millones de euros.

Es precisamente el escrito de demanda firmado por el abogado Julio César Valle y la procuradora Amalia Mosquera Herrero y presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que ofrece nuevos datos sobre el polémico proyecto, siempre desde el punto de vista de Mineira de Corcoesto sl, que describe un entorno lleno de presiones de la Xunta e incluso insinúa peticiones de soborno de personas próximas a Feijóo.

Sobornar a políticos hubiera sido "lo fácil"

Así consta en un correo electrónico dirigido por el presidente de Edgewater, George Salamis, al gerente de la filial, Lluís Boixet, que está incluído en el recurso presentado y que fue enviado el 12 de noviembre de 2014, cuando ya se conocía que el Gobierno gallego rechazaba la mina al no acreditar la empresa la solvencia económica y financiera requerida.

Salamis admite que no "alcanza a ver" que podían "haber hecho de manera distinta" para salvar el proyecto a parte de "pagarles $$$ a los políticos". "Esto hubiera sido fácil y cualquiera puede hacerlo, pero no encaja con los principios fundamentales de acuerdo a los cuales hacemos negocios", continúa el presidente de Edgewater.

Galicia, como Venezuela

Salamis compara reiteradamente a Galicia con la Venezuela de Chávez, un país en el que también intentó hacer negocios. "Ahora veo muy poca diferencia entre el Gobierno de Venezuela y la manera que la Xunta nos está tratando. De hecho, los caminos han sido casi idénticos. La lenta erosión de derechos, la denegación de permisos, inventando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos, 'amigos' del presidente que vienen a nosotros con ofertas de ayuda (que generalmente quiere decir $$ en una maleta Samsonite)".

El presidente de Edgewater concluye dando orden de vender todo el equipamiento que sea posible al asumir que el proyecto minero no se realizará, admitiendo antes que le gustaría hacer la comparación entre Galicia y Venezuela en los medios de comunicación, "pero por ahora, supongo que tengo que guardar silencio".

Las presiones

La demanda está repleta de insinuaciones sobre las presiones de la Xunta y sobre actuaciones próximas al tráfico de influencias. Así, relata la demandante, poco después de la aprobación de la Decalración de Impacto Ambiental (DIA) se celebró una reunión con posibles inversores en Corcoesto a las que asistió, según Edgewater, el director del Igape, Javier Aguilera, y el de Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces. Era febrero de 2013.

"A lo largo de ese mes de febrero y después de aquel encuentro con inversores, la empresa recibe ciertas insinuaciones, y en algún caso presión, sobre quién haya de ser la empresa que realice el movimiento de tierras o sobre quién podía/debía ser su director general. No se accedió ni a una ni a otra".

Salamis, un periodista y un directivo del Ibex en Madrid

La demanda insiste en las presiones cuando, ya con el proyecto caído en desgracia y después de que Feijóo anunciase su cancelación por no acreditar la empresa la solvencia económica y financiera requerida, Edgewater busca un socio español.

En una reunión en Madrid a la que es llamado el presidente de la multinacional canadiense, George Salamis, con un directivo de "una empresa del Ibex" y "otro directivo de un medio de comunicación de tirada nacional, "le indicaron (a Salamis) que cabía reconducir la situación a cambio de determinadas prestaciones a las que no se accedió".
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