Sánchez Galán y Núñez Feijóo en la central de Iberdrola en Os Peares / Xunta

Competencia, incapaz de cobrar sus grandes multas en Galicia

Ni la sanción de 80,6 millones al cártel lácteo ni la multa de 25 millones a Iberdrola por manipular precios superan la barrera de los tribunales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto grandes sanciones por prácticas anticompetitivas en Galicia, pero no siempre ha conseguido cobrarlas. De hecho, las mayores multas que afectaron a empresas gallegas o a grupos foráneos pero que realizaron prácticas presuntamente irregulares en la comunidad, han acabado atascadas en los tribunales a lo largo de los años, cuando no han sido anuladas.

No es nada novedoso para la entidad que preside Cani Fernández, que en los últimos años ha encajado importantes reveses judiciales en sus resoluciones de sanción, que las empresas suelen llevar ante el juez. En 2017, por ejemplo, la Audiencia Nacional anuló multas a Vodafone y Orange por valor de 73 millones; el año pasado, el Supremo tumbó una sanción a Telefónica de 25 millones; y en 2018, también la Audiencia Nacional anuló una multa de 15 millones a Sacyr.

El recorrido suele ser siempre el mismo. Las empresas llevan a la Audiencia las multas del supervisor y el conflicto acaba años después en un recurso en el Tribunal Supremo que no siempre sonríe a la CNMC.

En lo que atañe a Galicia, la sensación es más de atasco que de derrota. Las dos grandes sanciones de los últimos años fueron al llamado cártel lácteo, 80 millones en multas a los principales productores de España y a varias patronales; y a Iberdrola, a quien la CNMC sancionó con 25 millones por manipular los precios de la energía a través de sus centrales hidráulicas, entre ellas, las gallegas.

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Cani Fernández, presidenta de la CNMC

El cártel lácteo, segunda edición

El proceso contra las industrias lácteas va por su segunda edición. En 2015, el supervisor, dirigido entonces por José María Marín Quemada, sancionó con 88,2 millones a un grupo a las principales industrias lácteas en España, entre las que estaban Lactalis, Nestlé, Capsa, Leche Celta, Pascual, Danone o las gallegas Leche Río y Feiraco. La CNMC acusó a las empresas y a varias patronales de acordar precios y repartirse el mercado para la adquisición de leche cruda a los ganaderos entre el año 2000 y 2013, un asunto especialmente sensible debido a las dificultades que tienen las granjas para sobrevivir debido al bajo precio que reciben por el producto.

Sin embargo, de las sanciones impuestas en 2015 nadie ha pagado nada. La Audiencia Nacional, en un recurso de Nestlé, ordenó retrotraer el procedimiento para subsanar los defectos de forma en los que había incurrido Competencia hasta una fase previa a la resolución sancionadora, que quedó, por tanto, anulada. En julio del año pasado, la CNMC volvió a sancionar con 80 millones a las empresas, que han vuelto a acudir a los tribunales.

La primera resolución que trasciende afecta a Danone, que ha logrado paralizar la multa de 20 millones de manera cautelar. No se espera que la Audiencia Nacional resuelva el litigo antes de 2021, seis años después de la primera resolución, y todavía entonces podría presentarse un recurso ante el Supremo.  

Anticorrupción vs. Iberdrola

El caso de Iberdrola también está pendiente de la Audiencia Nacional. Competencia concluyó en 2015 que la compañía de Ignacio Sánchez Galán había alterado los precios de la energía de manera fraudulenta al manipular la producción de sus centrales hidroeléctricas en varias cuencas, entre ellas la de Miño-Sil.

La investigación del supervisor señalaba que Iberdrola Generación forzaba la entrada de “ciclos combinados más caros, asegurando así un precio de mercado más elevado que el que se habría obtenido de otro modo". Para ello, reducía su nivel de producción hidráulica sin causa justificada.

El litigio está pendiente de la Audiencia Nacional desde 2017, cuando admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción denunció a Iberdrola por lucro ilícito en relación a este caso.

El cártel del asfalto

Otro de los casos sonados en Galicia fue el del llamado cartel del asfalto, un grupo de 47 empresas del sector de la construcción multadas con 47,1 millones de euros por repartirse concursos públicos. El fraude se destapó en 2011 y la entonces Comisión Nacional de la Competencia incluyó en la trama a cinco empresas gallegas a las que impuso ocho millones en multas: Extraco, Misturas, Ocasa, Betunes y Firmes y Ovisa.

Las empresas gallegas sumaban ocho millones en multas, pero lograron, al menos, rebajar la cuantía en la Audiencia Nacional. Esa fue la situación de Ocasa, sancionada con 5,5 millones. Los magistrados retiraron la multa a su filial, Betunes y Firmes, y obligaron a recalcular la de la empresa principal rebajando la cuantía.

La otra sanción más importante, la de Extraco, se mantuvo hasta el Supremo, que obligó a pagar a la constructora el millón de euros de multa.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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