El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de campaña de su formación en para las elecciones gallegas / Vox

Vox lleva al Congreso su propuesta para "ilegalizar" al BNG

Los de Santiago Abascal llevarán la próxima semana al Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Partidos "para ilegalizar a formaciones separatistas"

Vox llevará la próxima semana al Pleno del Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las "formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso indepentista catalán de 2017". Eso, además de ERC, Junts, CUP y EH Bildu incluye al BNG, la formación nacionalista gallega liderada por Ana Pontón y que, tras las elecciones de julio, quedó configurada como segunda fuerza del Parlamento gallego por detrás del PP de Alberto Núñez Feijóo. Los de Santiago Abascal tampoco descartan incluir en su lista al PNV o "partido recogenueces", como le denominan.

Fue el propio Abascal quien registró en enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar "a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España", y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

"Voluntad de romper España"

Vox sostiene que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos --e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones-- su voluntad de "romper España" y el orden constitucional, partidos que han incitado "a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder" y partidos que han "justificado" el terrorismo.

En concreto, con su proposición, Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como "método de acción política", que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.

 

Pero, además, los de Santiago Abascal también incluyen en su iniciativa que aquellas formaciones políticas que, a su juicio, han incumplido "esas bases mínimas", tengan que devolver los fondos públicos recibidos.

Denuncia de Concordia Real

El pasado agosto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias abiertas contra Ana Pontón, la líder del BNG, así como contra el vicepresidente catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonès, y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por injurias a la Corona. El ministerio público había abierto unas diligencias a raiz de una denuncia interpuesta por la asociación Concordia Real Española, por las palabras vertidas por estos dirigentes políticos contra la familia real a raiz de conocerse la noticia de que Juan Carlos I se marchaba de España por la presión ante las investigaciones abiertas que le afectan.

 

Un artículo de Economía Digital Galicia

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