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La Guardia Civil irrumpe en las sedes del grupo de Villar Mir y de Indra, que suman más de un millar de trabajadores en Galicia

en A Coruña, 20 de abril de 2017 (16:19 CET)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este jueves cinco empresas en busca de pruebas que certificaran el pago de mordidas al Partido Popular de Madrid. Los registros, ordenados por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, llegaron un día después de la detención del expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, y otras once personas, en el marco de la Operación Lezo.

El magistrado investiga la presunta financiación ilegal del partido, así como una trama de enriquecimiento ilícito que orbitaría sobre las figuras de Ignacio González y Francisco Granados. Las pesquisas del caso Púnica, que también dirige Velasco, apuntaron a OHL por posibles pagos al PP, que la empresa negó en reiteradas ocasiones, la última, este mismo jueves; y a Indra, que habría entregado más de 600.000 euros al partido de Alberto Núñez Feijóo.

El grupo de Villar Mir, empresario con fuertes vínculos con Galicia por la actividad de Ferroatlántica, fue uno de los que sufrió registros este jueves. Indra también está estrechamente ligada a la comunidad, pues es heredera de las filiales teconológicas que había desarrollado Unión Fenosa y que convergieron en el grupo Soluciona. Entre ambas compañías superan ampliamente el millar de trabajadores en territorio gallego. OHL se hundió en bolsa durante la jornada más de un 8%. Es una mala noticia para los trabajadores de Ferroatlántica y el proceso de venta de las centrales, pues las cuitas de la gigantesca constructora castigan a todo el grupo del exministro. En el caso de Indra, los títulos cayeron más de un 2%.

La cotización de OHL se desplomó más de un 8% el día de los registros; Indra cayó más de un 2%

La irrupción de la Guardia Civil en OHL e Indra acontece en medio de dos importantes operaciones empresariales. En el caso del grupo de Villar Mir, lleva tiempo pugnando por la venta de las centrales hidroeléctricas gallegas que despliega, fundamentalmente, en el río Xallas. Tiene la oposición de los grupos del Parlamento gallego y de los trabajadores del complejo de Cee-Dumbría, que no ven futuro para las plantas de ferroaleaciones una vez desconectadas y segregadas de las centrales. 

En el caso de Indra, cuyo accionista mayoritario es la sociedad pública Sepi, dueña de Navantia, acaba de culminar la opa que lanzó sobre Tecnocom, La participada de Abanca hasta que vendió sus acciones en la Opa, tiene un centro en A Coruña con cerca de 700 trabajadores. A esto hay que sumar que Indra fue la adjudicataria de la Xunta del proyecto para el desarrollo de drones en el aeródromo de Rozas junto a Inaer. 

Los requerimientos de información de Velasco afectan también a Saerco, especializada en servicios de navegación aérea, a la empresa de servicios hidráulicos Licuas, a la consultora PwC y a la agencia de comunicación ICM de Madrid. 
 

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