Planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo)

Los inversores para Alcoa también exigen "supertarifa" plana eléctrica

En el arranque de la subasta de interrumpibilidad, la Xunta desvela las exigencias de los eventuales compradores de las plantas de A Coruña y Avilés

Semana grande para Alcoa con el comienzo de la subasta de interrumpibilidad, a la que se presenta la compañía previo anuncio de los cierres de A Coruña y Avilés. El viernes habrá desenlace, en cinco días de vértigo en los que se produce otra contrarreloj, la del posicionamiento de sus eventuales compradores, los mismos que tuvieron en sus manos los cuadernos de venta de las factorías de la compañía en 2016.  Y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ya ha avanzado cuál será su posición.

Conde ha afirmado que la Xunta "es conocedora" de que hay empresas "interesadas" y que le han remitido esa información a la Secretaría General de Industria. "Claramente la posición de los inversores pasa por conocer cuál es el marco eléctrico para 2019. Sin conocer ese marco difícilmente habrá una solución para Alcoa", ha destacado.

La puerta para la continuidad

Según ha asegurado Conde, la Xunta tiene un "escenario claro" y es "intentar que Alcoa retire el ERE" y que permita "garantizar la actividad industrial". Bien sea porque Alcoa decide continuar con esa actividad o porque se da "la puerta abierta a cualquier inversor que pueda dar esa continuidad". En cualquiera de los dos casos, ha señalado, la solución "pasa por el marco eléctrico".

El conselleiro ha trasladado al Gobierno que hay que hablar de un "estatuto de empresas electrointensivas" y de "compromisos" y vincular las diferentes ayudas al "mantenimiento del empleo" por parte de las empresas. "Pero la inmediatez pasa por saber el coste eléctrico que van a tener las empresas electrointensivas", ha apuntado Conde.

El coste de la interrumpibilidad

La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Paga el consumidor final

El Gobierno reconoce que, por el momento, no es viable efectuar una valoración del impacto económico de esta norma, puesto que su alcance se determinará en el desarrollo, aunque sí que propone y cuantifica un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 gigavatios a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad (prestan un servicio por garantía del suministro), tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros.

Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían de abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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