Cabreo de Alcoa, Megasa y Ferroatlántica con el Gobierno

Llevan años pidiendo un marco más estable. El Gobierno ha recogido el guante, pero mientras tanto les paga con lo contrario de lo que piden. Y es que empresas como Alcoa, Ferroatlántica o Megasa, que tienen en la energía uno de sus principales costes y en las primas por interrumpibilidad una vía de ingresos extraordinaria, no quieren más inestabilidad en las subastas. Necesitan un plan a largo plazo, pero ahora el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital les pone a luchar nuevamente para tratar de sobrevivir con una subasta a cinco meses y con el futuro del sistema en el aire.

Bruselas marca el guión, y en 2018 España tendrá que actuar para evitar una sanción europea. De momento poco se sabe de la reforma del sistema de asignación de la interrumpibilidad adaptado a la normativa comunitaria. Únicamente, que será un proceso competitivo.

Factor determinante

El problema de las subastas es cuando las empresas se quedan sin los bloques por los que pujaban –los hay de 90 y de 5 MW, y en esta ocasión las primas por cada uno serán menores–. En Alcoa ya han pasado por esa situación, que conllevó la salida temporal de decenas de trabajadores, conflictos laborales e incluso puso en riesgo la continuidad de las plantas de la empresa en España, para las que se llegó a buscar comprador.

Finalmente todo quedó en un susto, pero temporal. Los miedos reaparecen ahora con la nueva subasta. Y es que, como explican desde la compañía, “la energía es el factor local determinante”, lo que hace competitivas a las plantas, ya que el precio de las materias primas o del aluminio lo determinan cotizaciones globales.

Cuestión de plazos

Por este motivo, insisten al ministro Álvaro Nadal en la necesidad de un sistema estable, postura que comparten en Megasa. Desde el comité de empresa, Carlos Bascoy señala que las condiciones de la nueva subasta “agudizan aún más la incertidumbre y no se sabe muy bien qué va a pasar después”.

Un año le parece un plazo muy corto, y cinco meses ni digamos. Entiende que es “un parche” para evitar la sanción de Bruselas, pero cree que aunque las subastas fuesen a dos años vista, seguiría siendo un plazo corto. Las empresas necesitan inversiones, y muchas de estas no llegan sin un horizonte despejado a cinco o diez años.

Las empresas no invierten si no tienen un marco estable que les garantice la rentabilidad de su esfuerzo

En cualquier caso, en la próxima subasta Bascoy denuncia que seguirá habiendo discriminación, ya que las grandes consumidoras podrán acceder a un escalón “alto y muy retribuido” (los bloques de 90), en función de lo contratado y no de su consumo real. Al resto, con la rebaja de precio de los módulos, las cuentas podrían no empezar a salir, y más en un momento de crisis, con la producción contraída a causa de las presiones de China y Estados Unidos, y también de Reino Unido con el Brexit.

Pero las “grandes” de las que habla el presidente del comité de Megasa tampoco están a salvo de la quema. En Ferroatlántica hay “cada vez más preocupación” entre los trabajadores, no tanto por la rebaja del precio de los módulos, que si bien disminuyen sus ingresos no ponen en peligro el beneficio, sino por su posible desaparición. Si no logran hacerse con él en la subasta, como pasa en el resto de empresas que dependen de la interrumpibilidad, las cuentas es difícil que cuadren.

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