Ethel Vázquez, Jesús Vázquez y Manuel Baltar en la presentación del proyecto de Foster&Partners para la estación intermodal de Ourense / Xunta

La patronal inmobiliaria pide la dimisión del alcalde de Ourense

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Fegein acusa al alcalde Jesús Vázquez de ignorar las reiteradas advertencias sobre el impuesto de plusvalías, que acaba de ser anulado por los tribunales

Economía Digital Galicia

Ethel Vázquez, Jesús Vázquez y Manuel Baltar en la presentación del proyecto de Foster&Partners para la estación intermodal de Ourense / Xunta

en A Coruña, 10 de mayo de 2018 (21:02 CET)

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ha pedido la dimisión del alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y de la edil de Facenda, Ana Fernández Morenza, por la anulación del impuesto de plusvalías, la tasa que grava el incremento de valor de los inmuebles cuando se produce una transacción.

Este impuesto, una de las principales fuentes de recaudación de los concellos, se estaba aplicando irregularmente en numerosos municipios, como puso de manifiesto el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de mayo de 2017.

Un problema aparcado desde hace un año

La patronal inmobiliaria acusa ahora a Jesús Vázquez de “mirar hacia otro lado” en un asunto que ha perjudicado “a cientos de familias ourensanas”. Es ahora, un año después, cuando el Consistorio ha decidido crear una oficina de información para facilitar las devoluciones a los afectados, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en respuesta a una cuestión planteada por los juzgados de Ourense, anula parcialmente la ordenanza fiscal de la ciudad y, en efectos prácticos, obliga a devolver la liquidación del impuesto cobrada irregularmente entre 2014 y 2018.

El problema de fondo es que la tasa se estaba cobrando igualmente aunque no se produjese un incremento en el valor de la propiedad. Especialmente entre 2014 y 2018, en medio de la crisis económica, los casos son numerosos, pues los anteriores ejercicios están prescritos.

Miles de afectados

Fegein, que denunció reiteradamente este problema, estima que podría afectar a 2.500 ourensanos, con derecho a recuperar, de media, entre 7.000 y 8.000 euros. El Concello recaudó más de 25 millones en ese periodo de cuatro años.

“El ayuntamiento de Ourense desde el 1 de enero de 2011 ha estado aplicando a la base imponible del impuesto (incremento ficticio del valor de los terrenos) un porcentaje del 26 %, muy próximo al máximo establecido por la normativa de Haciendas Locales”, recuerda la patronal.

Las inmobiliarias llevan tiempo pidiendo la suspensión cautelar de las liquidaciones del impuesto, la devolución automática del impuesto y la puesta en marcha de un servicio municipal especializado para los afectados. Lamentan, eso sí, la inacción del Gobierno local durante el último año ignorando el problema.

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