El Pazo de Meirás debe abrir al público para cumplir con sus obligaciones como Bien de Interés Cultural

El Pazo de Meirás divide al Parlamento gallego

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El no de los socialistas ha paralizado una declaración institucional para emplazar al Gobierno a acelerar las gestiones para la devolución del pazo

Economía Digital Galicia

El Pazo de Meirás debe abrir al público para cumplir con sus obligaciones como Bien de Interés Cultural

A Coruña, 25 de septiembre de 2018 (14:33 CET)

A pesar de que en el Parlamento de Galicia todos los grupos están de acuerdo en que el Pazo de Meirás pase a manos de la Administración pública, este martes los grupos han sido incapaces de consensuar una declaración institucional que reafirme esta petición, ante las amenazas de un nieto de Franco que pretende vender a una empresa de su propiedad la parte de la herencia que le corresponde con el fin de evitar la acción pública.

Al trascender la intención de Francisco Franco Martínez-Bordiú, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), con su portavoz, Ana Pontón, a la cabeza, impulsó una declaración institucional, pero el PSdeG discrepó en los términos en que se presentó y pedía remitirse a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes de julio. PPdeG, En Marea y BNG estaban de acuerdo, pero el no de los socialistas ha impedido este pronunciamiento de la Cámara, ya que requiere la unanimidad de los grupos.

Más acciones para salvar Meirás

Tanto el BNG, promotor de esta declaración institucional, como En Marea ya trabajan en nuevas iniciativas para urgir al Estado a que presente la demanda judicial que, a la postre, podría evitar cualquier movimiento de este tipo.

Concretamente, el informe de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, a petición del Parlamento, concluyó que la Administración del Estado podía iniciar una acción reivindicatoria en los tribunales (en concreto en el partido judicial de Betanzos, donde pertenece Sada). Esto permitiría inscribir en el registro de la propiedad la demanda y, así, paralizar preventivamente cualquier cambio de titularidad

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