La Guardia Civil lleva al juez cuentas del Santander investigadas por la lista Falciani

La Audiencia Nacional obtiene en los registros de la sede del banco "los documentos relacionados con determinadas cuentas corrientes de las que necesitamos información"

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La Guardia Civil registró este viernes la sede central de Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación contra el banco suizo HSBC. El caso está relacionado con un presunto blanqueo de capitales de 600 españoles. La cantidad centrifugada superaría los 6.000 millones de euros, según la documentación expuesta en la conocida lista Falciani.

La investigación lleva abierta dos años y está relacionada con la filtración del ex empleado de HSBC, Herve Falciani. Los datos muestran la presunta evasión de impuestos de clientes del banco, por la que Falciani fue condenado a cinco años de prisión por espionaje industrial.

La investigación que afecta al Santander la dirige el juez José de la Mata. La Guardia Civil sólo se interesó por la documentación relacionada con algunas cuentas de clientes de Santander. «Los documentos obtenidos están relacionados con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información», confirman fuentes de la investigación a Economía Digital.

Los bancos guardan silencio

Una portavoz del Santander contactada por este diario rechazó hacer comentarios. Reuters tampoco logró posicionamiento oficial del HSBC al preguntar sobre los registros en Madrid a su director de comunicación en Londres –oficina donde se ubica el epicentro de la presunta trama–.

La lista Falciani ya fue utilizada con anterioridad en España para perseguir presuntos fraudes. Hacienda abrió una investigación, también al HSBC, tras desvelarse que la lista contenía datos de españoles que tenían cuentas opacas con elevados fondos en la filial suiza del banco británico. Entre ellos figuran integrantes del clan Pujol.

La familia del ex presidente catalán y otros apellidos públicos, relacionados con los ámbitos empresariales y políticos, habrían logrado ayudada de las entidades investigadas para evadir impuestos y ocultar millones de euros en activos.

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