Las VTC se preparan para llevar a los juzgados el decreto de Ábalos. En la imagen, un taxi y un vehículo de VTC.

Invasión de las VTC: Aún quedan 6.000 licencias por aprobar

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El total de las licencias VTC llegarán hasta las 18.000, según fuentes del sector, pese a que se espera que el decreto anti-Uber limite su manera de operar

Nahiara S. Alonso

Las VTC se preparan para llevar a los juzgados el decreto de Ábalos. En la imagen, un taxi y un vehículo de VTC.

en Madrid, 25 de diciembre de 2018 (05:00 CET)

El Congreso aprobó recientemente un decreto ley -que aún está en el periodo de enmiendas- por el cual se regulará y restringirá la actividad de los vehículos que utilizan las licencias VTC, como los de Uber y Cabify. Sin embargo, pese a que el fin del servicio de estas plataformas como las hemos conocido hasta ahora parece estar cerca, cada vez hay más licencias. Aún quedan pendientes de aprobación más de 6.000, según fuentes del sector.

Esto elevaría el total de los vehículos con este tipo de licencias a unos 18.000 en todo el territorio español. Así, hay un boom de las VTC, que no paran de incrementarse. De mayo a noviembre crecieron en más de un 70%, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales, dejando el total en 12.463.

Las autorizaciones aún no procesadas se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia. Una gran parte de las licencias de VTC actuales se han ido obteniendo por vía judicial aprovechando el vacío legal que se produjo en España con la aprobación en 2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Las empresas VTC continúan expandiendo sus servicios por España pese a la incertidumbre creada por el decreto ley

Esto liberalizó el sector de transportes dejando sin efecto el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi que existía previamente. De hecho, ya no se pueden solicitar más licencias, y las que ahora están en trámite se pidieron antes del 2012.

Así, pese a estar en una situación de incertidumbre, estas empresas siguen expandiendo sus servicios por España. De hecho, en enero Uber comenzará a operar en Valencia con 200 conductores, una ciudad en la que ya trabajaba Cabify.

El decreto de las VTC

La normativa impulsada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue convalidada con el apoyo de PSOE, Podemos, Pdecat y Compromís, por 177 votos. 

El decreto ley, aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre, contempla una moratoria de cuatro años para las actuales licencias VTC. Tras este periodo, la regulación pasará a manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que podrán vetar su entrada en las ciudades.

El régimen transitorio servirá para que se adapten la legislación, un plazo que se podrá extender a seis años en determinados supuestos.

Tras su convalidación en la Cámara Baja, el sector del taxi pide a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que empiecen a regular "de inmediato", aunque fuentes del sector aseguran que aún no saben qué regiones lo harán, y continúan esperando. 

Los ayuntamientos tendrán que pagar 4.000 millones

El sector del taxi presiona a las distintas regiones para que asuman las competencias y se retire el periodo de moratoria. Asociaciones de taxistas como Fedetaxi plantea que sea Bruselas quien valore si la indemnización a las VTC puede constituir una “ayuda de Estado prohibida” por el Tratado de la Unión Europea

Se refiere a la compensación con tiempo en vez de con dinero que permitiría a estos vehículos continuar con su actividad entre cuatro y seis años más. 

Por su parte, la patronal de las VTC, Unauto, pide prudencia a la hora de legislar sobre el sector. Así, aseguran que si las comunidades autónomas y los ayuntamientos toman medidas antes de que se resuelvan todas las cuestiones, podría ocurrir que tuvieran que desembolsar cerca de 4.000 millones de euros.

Este dinero sería para los dueños de las VTC si ven "restringidos sus derechos o se les causan lesiones en los mismos". La asociación considera que el real decreto que el Gobierno aprobó para habilitar a estas administraciones a regular las VTC presenta "dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia".

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