¿Transición justa? Castigo a Galicia en el reparto de fondos europeos

Los fondos europeos se revelan como un instrumento clave para ayudar a las regiones que, como Galicia, se verán más afectadas por los procesos de transición ecológica. Sin embargo, la tarta no es lo suficientemente grande para el inmenso número de comensales que se sientan a la mesa. Esta semana, la Comisión Europea presentó su plan verde que, entre otras medidas, pasa por una inyección de 7.500 millones de euros a repartir entre 2021 y 2027 entre los territorios comunitarios más afectados por los procesos de transición. Esperan, además, que las inversiones realizadas sirvan para movilizar más fondos de los estados, de forma que, finalmente, se trabaje con un paquete económico de cerca de 100.000 millones. 

No obstante, de los 7.500 millones de fondos específicos para la Transición Ecológica, la propuesta de la Comisión Europea reserva tan solo 307 millones de euros para España, un 4% del total a repartir. Una cantidad muy alejada de los 2.000 millones que se plantean para Polonia o los 877 de Alemania. La cantidad se antoja baja teniendo en cuenta el número de territorios solo dentro del Estado español afectados por el cierre de térmicas o por los procesos de transición ecológica. Pero, además del hecho de que la porción a repartir es escasa, distintas voces alertan de que, en las condiciones actuales, la cantidad destinada para Galicia “podría ser residual” frente a otras comunidades como Asturias.

¿Qué más leer? Endesa retrasa a primavera las pruebas para salvar As Pontes

Productores de carbón

El motivo es que Galicia no es, como tal, un territorio carbonífero y las ayudas priman a zonas «que dependen de la cadena de valor de combustibles fósiles». Galicia está directamente afectada por el cierre de las térmicas de Meirama y, especialmente de As Pontes, pero la comunidad no es productora de carbón, sino transformadora. “Si no se cambia esta circunstancia, y aunque se va a poder optar a las ayudas, todo hace indicar que serán otras comunidades como Asturias o Castilla las que acumulen la mayor parte de los fondos”, indicaban este miércoles representantes sindicales de Endesa As Pontes a preguntas de este medio. «Sí se recibirán ayudas, la parte grande va a ir a parar a otras zonas», aclara.

Lo cierto es que, a lo largo de todo el pasado año, Asturias y otras zonas de cuencas mineras solicitaron con fuerza ante la Comisión Europea ayudas específicas para la descarbonización (Polonia, el país que a priori será más beneficiado por este fondo abrió una mina de carbón el pasado septiembre).

Es también la teoría de la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, que considera “imprescindible” que tanto el Gobierno del Estado como la propia Xunta den los pasos necesarios para que Galicia no quede “marginada” en el reparto de fondos frente a los otros territorios dentro de España que sí hay minería de carbón. “Galicia no puede quedar atrás de ninguna forma ya que el impacto socioeconómico es enorme”, indicó.

¿Qué más leer? Bruselas deja a España a la cola de las ayudas de transición ecológica

Carbón y minería de lignito

La propuesta de Bruselas reza que el método escogido para la asignación de fondos considerará “la escala del desafío que supone la transición para regiones con mayor intensidad de gases de efecto invernadero, así como los problemas sociales que surjan a la luz de las posibles pérdidas de empleos en la industria, el carbón, la minería de lignito y la producción de turba y esquisto bituminoso”. Ese método de reparto también tendrá en cuenta “el nivel de desarrollo económico de los estados miembros y la capacidad de inversión relacionada”.

No obstante, y siempre según el texto presentado por la Comisión (desde el Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que no es aún “definitivo”) los Estados también tendrán algo que decir ya que serán ellos los que remitan a Bruselas los planes de transición preparados para las regiones más afectadas. “El proceso de programación, incluida la identificación de los territorios para la intervención y las acciones correspondientes se acordarán en un diálogo entre la Comisión y cada Estado miembro. Estos territorios serán aquellos que se vean más negativamente afectados en función de los impactos económicos y sociales resultantes de la transición, en particular con respecto a las pérdidas de empleo esperadas y la transformación de los procesos de producción en instalaciones industriales con la mayor intensidad de gases de efecto invernadero”, expone la propuesta. “Teniendo en cuenta esto, los Estados miembros prepararán uno o más planes territoriales de transición justa”, añade. Este planteamiento es el que hace pensar a distintas voces que Asturias, Aragón y Castilla y León tendrán una posición, de partida, más ventajosa que Andalucía o Galicia.

Mesa de Trabajo para As Pontes

“Es muy necesario que el Estado mueva ficha y que solicite que Galicia sea una región que tenga estatus de carbonífera. Pero, para esto, es necesario presentar proyectos y programas. Solo puede hacerlo el Estado, pero creemos que debe ser, también, de la mano de la Xunta, que es la que puede elaborar estos planes”, opina Miranda, quien considera necesario que se active de inmediato la Mesa de Trabajo para la conformación de un convenio de transición justa para As Pontes. 

Otro de los argumentos que esgrimen desde las centrales sindicales es que otros territorios van ya con adelanto en la elaboración de sus planes de transición lo que, de nuevo, podría penalizar a Galicia.

Otras vías de financiación

No obstante, el Fondo de Transición Justa no es la única medida contenida dentro de la propuesta europea. Los 7.500 millones tienen que crecer, siguiendo el plan de europeo, que obligará a los estados receptores a que también financien las propias medidas de transición (por cada euro recibido tendrán de aportar entre 1,5 y 3 más utilizando para ello fondos de cohesión y recursos propios).

Otra de las fuentes de financión lo compone el Régimen de transición específico, que se realizará con cargo a los fondos InvestEU y que «movilizará inversiones por un importe de hasta 45.000 millones«. Esta línea de financiación procurará atraer inversiones privadas, por ejemplo, en energía sostenible y transporte».

La tercera pata la conformarán los préstamos al sector público que realice el Banco Europeo de Inversiones respaldado por el presupuesto de la UE. La pretensión de la Comisión es que movilice entre 25.000 y 30.000 millones de euros.