Las 5 Jotas: los juzgados gallegos reclaman a Portugal al cabecilla de la trama
Varios juzgados gallegos pedirán la extradición del empresario José Manuel Costas, cabecilla de la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas de Galicia
Varios juzgados de Vigo y de otras localidades gallegas preparan órdenes internacionales de detención contra José Manuel Costas, dueño de Las 5 Jotas y condenado a seis años de prisión en la que está considerada la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas de Galicia.
Costas afronta unas 16 causas abiertas en distintos juzgados vigueses, según estimaciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El empresario fue detenido el pasado viernes en Portugal por la orden del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo. Los magistrados de los demás juzgados han decidido que «lo más conveniente» es emitir las órdenes internacionales. Estas requisitorias serán remitidas a Portugal, para que un juzgado luso decida sobre su extradición.
En caso de que el juzgado portugués autorice su vuelta a Galicia, el juzgado vigués que se ocupa de su causa tendrá que pronunciarse, aunque previsiblemente debe ingresar en prisión, toda vez que estaba condenado por un fraude millonario.
Condena y fuga
La investigación considera que el dueño de Las 5 Jotas es el cabecilla de la trama de fraude fiscal. Hace casi dos años, Costas fue condenado a seis años de prisión en sentencia firme, pero se dio a la fuga. Fue entonces cuando se emitieron órdenes de detención de búsqueda a través de Europol e Interpol.
Aunque está relacionado directamente en casi una veintena de casos, en esta causa compleja y amplia por fraude millonario a través de facturas falsas también están implicados familiares suyos (su hermano está en prisión), otros empresarios y bancos.
De hecho, a finales de enero, el Jugado de lo Penal número 3 de Vigo dictó auto en un procedimiento derivado de la macrocausa de Las 5 Jotas para el ingreso en prisión de Fernando G.M., responsable de la consultoría Darzal, que fue condenado a 26 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y delitos contra la Hacienda Pública.
