Pilar Platero, presidenta de la SEPI| EFE

La Sepi se enfrenta con Hacienda por la liquidación de Izar

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Sepi, dueña de Navantia y adscrita al Ministerio de Hacienda, llega hasta el Supremo para evitar el impuesto de transmisiones por los activos de la desapareci

en A Coruña, 24 de abril de 2018 (06:24 CET)

Entre los frentes abiertos que tiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, algunos tan importantes como devolver a Navantia o a Correos a la rentabilidad, está también una batalla con el fisco, cuestión paradójica para un organismo adscrito al propio Ministerio de Hacienda. El asunto no es menor, pues afecta a la liquidación de la antigua Izar, la sociedad que aglutinó los astilleros civiles y los militares de Bazán, convirtiéndose en el origen de la actual Navantia.

Izar Construcciones Navales lleva tiempo en liquidación, pero últimamente no le da más que disgustos a la propietaria de los astilleros públicos. Si en febrero el Supremo dictaminó que se habían vulnerado los derechos de los trabajadores en Ferrol y Fene en el expediente de jubilación de 2004 –les descontaron indebidamente un 1% a los jubilados y prejubilados--, el tribunal decidirá ahora sobre los impuestos que debe abonar Sepi por los activos percibidos de Izar.

Disputa con la Generalitat valenciana

En concreto, el Supremo ha admitido a trámite un recurso de la entidad que preside Pilar Platero contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La Hacienda valenciana reclama una liquidación de 4,8 millones por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la modalidad de onerosas, que la propietaria de Navantia ha recurrido en todas las instancias, ganando en el Tribunal Económico Administrativo Central, pero claudicando después por el contencioso administrativo interpuesto por la Generalitat.

El tributo se aplica sobre los bienes inmuebles de la antigua fábrica de Manises, transmitida en el proceso de liquidación de Izar a la Sepi en pago por la deuda contraída con esta. La entidad considera que se trató de una operación de reestructuración financiera exenta del impuesto, pero los tribunales le han quitado la razón hasta la fecha.

Un juicio clave para Sepi... ¡y para el déficit público!

Ahora, la Sepi recurre en casación al Supremo alegando que “la doctrina que sienta la sentencia impugnada puede resultar gravemente dañosa para los intereses generales, pues son numerosas las operaciones de reestructuración derivadas o desarrolladas en cumplimiento de las normas de la Unión Europea en materias relativas a competencia, ayudas de Estado y otras”, explica el recurso.

Y va más allá. La Sepi advierte que debe “tenerse en cuenta que la exención discutida constituye uno de los principales instrumentos a través de los cuales SEPI coadyuva al cumplimiento de las normas relativas al déficit público, así como a lograr una mejor gestión eficiente de todas sus participaciones”.

El recurso fue admitido a trámite en auto fechado el pasado 14 de marzo.

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