Terrenos de la antigua mina de cobre de Touro / Salvemos Cabana

La minera de Touro contrata a un batallón de expertos para mejorar el proyecto

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Atalaya asegura a los inversores que trabaja en la reapertura de la mina de cobre con “investigadores, organismos científicos, universidades y consultoras”

en A Coruña, 04 de febrero de 2018 (01:44 CET)

La tramitación para la reapertura de la mina de cobre de Touro, municipio ubicado a unos 30 kilómetros de Santiago, avanza entre numerosas alegaciones de colectivos ecologistas, formaciones políticas y vecinos de la zona. La pasada experiencia con el proyecto frustrado de una mina de oro en Corcoesto, en la comarca de Bergantiños, ha generado un tejido social contestatario contra este tipo de proyectos debido a su alto impacto ambiental, lo que explica el aluvión de alegaciones a la explotación.

La reapertura de una mina que dejó de producir cobre en 1.986 está liderada por Atalaya Mining, la empresa que explota el yacimiento de Ríotinto en Huelva y que ha solicitado el permiso de explotación a través de la filial Cobre de San Rafael, participada por Explotaciones Gallegas, la titular de los terrenos.

Atalaya, empresa cotizada, ha dicho a sus inversores que el proceso de obtención de permisos avanza correctamente y que ha contratado a “consultores” para atender algunas de las recomendaciones recibidas para mejorar el proyecto. Además de la tramitación oficial, explica la empresa, “también se reciben informes oficiales sectoriales y peticiones de aclaración adicional o detalle sobre aspectos de lo presentado dada la complejidad del proyecto”.

La minera no aclara quién o qué organismos la están asesorando, si bien indica que “cuenta con expertos, investigadores, organismos científicos, universidades y consultoras, principalmente gallegos, que se cuentan entre los más prestigiosos del sector”.

No es nada fuera de lo común en este tipo de explotaciones, que suelen recurrir a universidades y otros expertos en proyectos mineros bien para apuntalar el proyecto o bien para avalar su sostenibilidad ambiental. Lo hizo Edgewater, por ejemplo, para el filón de Corcoesto.

En este caso, dice Atalaya, se trata de “dar respuesta a cualquier duda o preocupación” y “complementar el proyecto para facilitar la toma de decisiones posteriores”.

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