Los responsables de las patronales de Ourense, José Manuel Pérez Canal; Pontevedra, Jorge Cebreiros; A Coruña, Antonio Fontenla; y Lugo, Jaime López,  en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia

La guerra interna de la patronal devora a sus presidentes

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La Confederación de Empresarios, todavía más fracturada, vuelve a la casilla de salida en busca de un candidato de consenso para relevar a Arias

Rubén Rodríguez

Economía Digital

Los responsables de las patronales de Ourense, José Manuel Pérez Canal; Pontevedra, Jorge Cebreiros; A Coruña, Antonio Fontenla; y Lugo, Jaime López, en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia

en A Coruña, 26 de enero de 2018 (06:00 CET)

La patronal gallega vive instalada en el conflicto. Y todo aquel que se propone coser la fractura sale trasquilado. Le sucedió a Antón Arias, que en su propósito de hilvanar una reforma de la patronal que acabase con las diputas territoriales acabó quedándose solo, convencido de que su proyecto estaba “agotado” porque no podría sacarla adelante.

Es el tercer presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia que no acaba mandato. Todos invocaron la lealtad y la unidad, pero acabaron devorados por la guerra interna.

La caza, el reo y la confrontación permanente

José Manuel Fernández Alvariño convocó elecciones antes de tiempo quejándose de la “cacería” contra él por las filtraciones a los medios de comunicación. Antonio Dieter Moure se fue asegurando que el presidente de la patronal era “un reo” de los líderes provinciales. Arias, más comedido, afirmó que la institución vive en un clima de “confrontación permanente”.

Son tres presidentes en cuatro años para una institución inestable, muy deteriorada en su imagen pública y que apenas ha empezado a andar el camino de su viabilidad económica.

Cómo resolver esto si nadie se fía de nadie

El nuevo escenario devuelve a la Confederación de Empresarios de Galicia un año atrás. Entonces se llegó al acuerdo tácito de buscar un candidato de consenso, pero desde las provinciales de A Coruña y Lugo se impulsó la candidatura de Arias a última hora.

El presidente ganó las elecciones como único candidato, pero nunca estuvo legitimado. Pontevedra y Ourense no perdonaron aquella maniobra y conformaron un bloque crítico. Los empresarios pontevedreses decidieron incluso no participar en las reuniones de la CEG.

La patronal estará gestionada por los presidentes provinciales hasta la convocatoria de elecciones

Ahora, de vuelta en la casilla de salida, las patronales del sur defenderán la misma iniciativa, la búsqueda de un candidato de consenso que gane con más del 51% de los votos y que tenga cierta estabilidad para gobernar el barco. El problema es que, después de lo sucedido, nadie se fía de nadie.

La patronal pasará a estar gestionada por la junta de vicepresidentes, es decir, los líderes provinciales, por un periodo máximo de tres meses, según fijan los estatutos. Serán los encargados de convocar las elecciones y tendrán, por edad, a Antonio Fontenla como presidente.

La desconexión del empresariado

En la última asamblea xeral, cuando se aprobaron las cuentas de 2016, correspondientes al mandato de Antonio Dieter, apenas acudieron 40 empresarios de los 200 vocales del organismo. Se emitieron solamente 75 votos.

Los críticos de Arias interpretaron que el presidente había perdido sus apoyos, pues no acudieron los empresarios de Lugo y Antonio Fontenla apenas llevó una decena de votos delegados, poca cosa para el líder de los empresarios coruñeses, que con unas cuantas llamadas acostumbra a llevar más de 30 papeletas.

Arias defendió tras su dimisión que contaba con los mismos apoyos que a su llegada a la presidencia.

La otra lectura es que el empresariado está desconectado de la patronal. Ni acude ni delega el voto tras cuatro años en los que se habla más de los problemas económicos de la CEG y de sus guerras internas que de la fiscalidad o los peajes de la AP-9, los problemas que les afectan directamente.

El sur pide un candidato de consenso

“Todos suponíamos que podía dimitir ante la pérdida de apoyos, pero pensábamos que sería antes”, explicaba Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra tras la dimisión de Arias. Cebreiros volvió a apostar por la búsqueda de un candidato de consenso. “Esto se resuelve solamente desde la generosidad. Que los que rigen el destino de la CEG se sienten, dejen los personalismos y los protagonismos y nos pongamos a buscar un candidato del mayor consenso posible. Estuvimos a tres días de conseguirlo, pero pudieron el protagonismo de algunos para aprovecharse y ser presidente sin elecciones”, expone.

En la misma línea, el presidente de las inmobiliarias gallegas y miembro de la asamblea de la Confederación de Empresarios de Ourense, Benito Iglesias, llamó a “aprovechar la oportunidad que se abre para lograr el mayor consenso posible y recuperar una institución que se dedique a los problemas reales que tienen los empresarios”, expuso. 

¿Hay candidatos?

El problema es si existe o no ese candidato de consenso. Los nombres se repiten elección tras elección y siempre empiezan por José Manuel Pérez Canal, que ya perdió unos comicios frente a Antonio Dieter, y por Jorge Cebreiros, que siempre está en las quinielas pero que nunca llegó a presentarse.

El propio Cebreiros, en conversación con este medio, apostaba por el candidato de consenso porque cree que “hay muchos empresarios, más allá de los vicepresidentes, que cumplen con las características: tener experiencia de gestión, estar en el día a día de la empresa y tener una buena agenda”. Matizaba, en todo caso y “sin vetar a nadie”, que quien llegue a la presidencia debería dejar su cargo de líder provincial porque se produce, a su juicio, “un conflicto de intereses”. Esa fue la fórmula que utilizó Alvariño cuando llegó a la presidencia, al abandonar su cargo en la CEP.

Dilatar la convocatoria de elecciones

Otras fuentes de la patronal auguraban un periodo largo de gestión de la junta de vicepresidentes, que permitiese aprobar las cuentas y presupuesto de 2017. El plazo previsto estatutariamente para este órgano es de tres meses pero podría alargarse si así lo aprueba la asamblea xeral.

Esta solución, apuntan las mismas fuentes, podría lograr cierto equilibrio de intereses, pues daría tiempo a las patronales del norte a rearmarse y a Cebreiros para resolver su implicación en el caso Gradiant, una causa abierta por un presunto fraude en subvenciones para proyectos del Centro de Telecomunicaciones de Galicia. 

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