Imagen de archivo de uno de los tramos de la AP-9

La dueña de la AP-9 tiene pánico al teletrabajo

Audasa indica que el impacto del Covid en su situación financiera y patrimonial dependerá de múltiples factores a cuantificar, entre ellos, el teletrabajo

El Covid-19 ha golpeado con fuerza a Audasa, la dueña de la AP-9, que cerró el primer semestre del año con números rojos de 700.000 euros, una cantidad que si bien no es excesivamente abultada sí es especialmente significativa, ya que son las primeras pérdidas de la sociedad "de su historia reciente" y las únicas registradas desde que se completó el total de su trazado en Galicia. Debido a la pandemia, el tráfico en la AP-9 se redujo en un 35,99% en los seis primeros meses del año, hasta los 14.798 vehículos de media diaria en comparación con los 23.118 que transitaban de intensidad media diaria entre enero y junio de 2019. La facturación de la compañía en ese periodo también se contrajo un 34,6%, hasta los 46,7 millones de euros. Pero, con estas cifras sobre la mesa, ¿cuál es la perspectiva de Autopistas del Atlántico para el futuro inmediato? En sus cuentas semestrales resumidas, remitidas este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesionaria indica que "la medida en la que la crisis sanitaria originada por el Covid impactará en los resultados de Audasa y/o en su situación financiera y patrimonial dependerá de múltiples factores díficiles de cuantificar, entre ellos, la duración y evolución futura de la pandemia, los desarrollos futuros de tratamientos y vacunas y las acciones para contener la enfermedad o tratarla y mitigar su impacto en las economías de los países y regiones afectados". En este punto, la dueña de la Autopista del Atlántico llama la atención sobre determinadas medidas como "el fomento del teletrabajo y la distancia social" que "van a limitar la movilidad de los ciudadanos".

Explica Audasa en sus cuentas semestrales, que la compañía adoptó desde el inicio de la pandemia "un completo plan de medidas para afrontar su impacto", teniendo en cuenta que la sociedad fue declarada "servicio esencial". Así, explica en sus cuentas que puso en marcha medidas de "control de liquidez, reducción de dividendos y reducción de gastos operativos", además de establecer acuerdos con los sindicatos que han derivado en que, hasta el momento, no se haya producido ningún ERTE dentro de la compañía.

Advertencia al Estado: los cambios deben ser "neutros"

En cuanto a las "incertidumbres" a las que se enfrenta la dueña de la AP-9, esta indica en su memoria semestral que "el sector de concesionarias de autopistas de peaje está indudablemente sujeto, en cuanto a su evolución futura, tanto a la situación económica general como a los cambios en la normativa reguladora que pueden afectar de manera importante a los resultados esperados, ello sin olvidar el desarrollo futuro de otras redes o medios alternativos de transporte que hoy no resultan ser competencia para la Sociedad, tanto por la propia situación de estas redes como por las características de nuestros usuarios". 

Así, en su memoria semestral, Audasa también lanza una advertencia al Estado ya que indica que, actualmente, "no es posible valorar cuáles pueden ser las acciones de la administración concedente en un periodo prolongado de tiempo". "En cualquier caso, hay que hacer notar que, si bien estas acciones pueden tener efecto a corto plazo, bien sobre los ingresos u obligando a asumir nuevos costes o inversiones, la base de cualquier modificación ha de ser el respeto al equilibrio económicofinanciero de la concesión, por lo que los efectos de los posibles cambios legales o normativos deberán ser neutros", advierte.

Pendiente del cobro de 12 millones de euros

Hay que recordar que Audasa mantiene distintos litigios en curso con el Estado. Entre ellos, destaca el derivado de las compensaciones públicas que debe recibir por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala. Así, la compañía recuerda que el pasado febrero el Tribunal Supremo declaró el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por los perjuicios causados por la implantación del sistema de retribución del Real Decreto de 2017. Audasa estima que la indemnización que debe recibir asciende a algo más de 12,2 millones de euros en conceptos de ingresos de peaje, "pendientes de cuantifiar los intereses y costas". No obstante, esta cantidad no ha sido contabilizada en la cuenta de resultados de la empresa a la espera de "la resolución definitiva" del caso, ya que la Abogacía del Estado presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Alto Tribunal.

Un artículo de C.D.P.

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