Los jueces investigan contratos a Inaer en Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana

Pese a verse envuelta en el llamado ‘cartel del fuego’, Inaer, ahora integrada en Babcock, siguió ganando contratos públicos en Galicia y otros territorios

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A pesar de que la imputación al responsable de ordenación forestal de la Xunta, Tomás Fernández Couto, partió de la denuncia particular del sindicato CIG, no causó una gran sorpresa en el sector forestal, donde las diversas investigaciones abiertas en España sobre los contratos de extinción de incendios y el presunto reparto de adjudicaciones del llamado cartel del fuego, hacía pensar que tarde o temprano la trama salpicaría a Galicia.

Inaer, que desde 2014 forma parte del grupo británico de defensa Babcock, se ha visto envuelta en procesos judiciales en la Comunidad Valenciana y en Andalucía; su sede para el territorio español, en Alicante, fue registrada por la Policía el 13 de enero del año pasado; y su nombre figura en los papeles que acumula la Audiencia Nacional en la investigación de la supuesta trama.

El cartel del fuego

El fondo del procedimiento radica en determinar si un grupo de empresas, donde además de Inaer están Avialsa, Faasa Aviación, Trabajos Aéreos Espejo o Cegisa –que Inaer compró el 21 de diciembre de 2006–, llegaron a un acuerdo de reparto de mercado en una serie de reuniones celebradas desde 2001 y que se habrían iniciado en Ciudad Real.

Partiendo de la vulneración de la libre competencia, un pacto tácito entre los empresarios para respetar las áreas de influencia de cada sociedad, la Audiencia Nacional investiga si se produjeron amaños en los concursos públicos para contratos de extinción de incendios en los que las empresas podrían haber defraudado hasta 250 millones en casi 20 años, según estima el tribunal.

Galicia es una de las comunidades donde se extiende la presunta trama, que incluiría también a Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Baleares, Aragón y las dos castillas, y que podría haberse extendido hasta Portugal, donde los fuegos mataron este año a más de 100 personas.

Seis imputados en Andalucía

Si en Galicia Inaer lidia con una denuncia particular de un sindicato, los contratos investigados en Andalucía suman ya seis imputados, todos vinculados a la consejería de Medio Ambiente, por la supuesta adjudicación irregular de 70 millones para el alquiler de medios aéreos del llamado Plan Infoca. Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos Espejo resultaron adjudicatarias.

La causa que instruye el juzgado número 8 de Sevilla pretende determinar si se produjo colusión, es decir, si las empresas se repartieron los contratos con la complicidad de los cargos imputados, los más relevantes, el jefe de contratación Antonio Martínez y el principal responsable del operativo contra incendios, Ernesto Esteso.

Registro en Alicante

También en la Comunidad Valenciana Inaer se vio salpicada por procesos judiciales. De hecho, la Policía registró la base del grupo en Mutxamel en enero de 2016, medio año después de que fuera detenido el ex delegado del Gobierno en la comunidad, Serafín Castellano, por supuestos amaños en las adjudicaciones del servicio de extinción de incendios.

El caso de Castellano afectaba a la empresa Avialsa y no a Inaer, pero abrió la puerta a que la Generalitat pusiera en revisión todos los contratos con la empresa del grupo Babcock. Posteriormente, a finales de 2016, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas valenciano denunció irregularidades en el contrato adjudicado a Inaer en la etapa de Castellano en la Generalitat en 2013. La cuantía, informa Valencia Plaza, ascendía a 38 millones, y la compañía concurrió en UTE junto a Sau y Foresma.

Pese a todas estas desventuras, la actividad de Babcock no se resintió. O cuando menos, el ritmo de contratos públicos adjudicados continuó firme. La Xunta le entregó el servicio de salvamento marítimo con helicópteros por 33 millones este octubre. También en Canarias pescó la multinacional, ganando en mayo el concurso del servicio de helicóptero para emergencias sanitarias, con un presupuesto de 12 millones. 

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