La minera de Touro afronta una demanda millonaria por su otro proyecto en España
La antigua propietaria de los derechos de Riotinto, la mina de cobre de Huelva, reclama a Atalaya en los tribunales británicos el pago de 15,9 millones
En una operativa habitual en los grandes proyectos mineros, la explotación de cobre de Riotinto, en Huelva, cambió de manos antes de que se iniciara la extracción de mineral. Atalaya Mining, la empresa que impulsa la reapertura de la mina de Touro, se hizo con los derechos en 2008 y no sería hasta 2015 cuando realizó la primera voladura, tras tramitar los necesarios permisos para la explotación en la Junta de Andalucía.
De aquel traspaso de derechos, que ha permitido a Atalaya producir más de 63.000 toneladas de cobre en los últimos dos años, la multinacional minera heredó una demanda que lleva dirimiéndose en los tribunales británicos desde 2015. La antigua propietaria del proyecto de Riotinto le reclama el pago de 15,9 millones en base a los acuerdos alcanzados para la venta del proyecto.
Un pago en dos partes y condicionado
El conflicto surge en aquella operación de 2008. Atalaya, denominada entonces EMED Mining, llevaba tres años cotizando en la bolsa de Londres y activaba el que hoy es su principal proyecto extractivo, a la espera de lo que suceda con la mina de cobre de Touro, en fase de tramitación de permisos. Cerró un acuerdo con el grupo inversor Astor para comprar la totalidad de los derechos sobre la mina por unos 63 millones de euros, financiados a través de una emisión de acciones.
Sin embargo, el pago a Astor no era inmediato, sino que se realizaba a posteriori, se dividía en varios tramos y estaba sujeto a determinados condicionantes, desde la obtención de los permisos a la evolución del precio del cobre, pasando por las condiciones de financiación que obtuviera Atalaya para desarrollar la explotación. Es aquí donde surge el conflicto, pues la empresa que quiere extraer cobre de los municipios de Touro y O Pino considera que no se han producido las condiciones para desencadenar el pago, mientras que Astor cree que actúa de mala fe y reclama ya el abono de 15,9 millones con intereses.
La raíz del conflicto
Atalaya, que celebró esta semana su junta de accionistas en Londres, informó de que en marzo del año pasado recibió una sentencia parcialmente favorable de los tribunales londinenses (Hight Court) y que ambos litigantes llevaron el caso al tribunal de apelación el pasado mayo. Los 15,9 millones reclamados por el grupo financiero con base en Chicago corresponden al segundo tramo comprometido por la minera de Touro a cambio de los derechos de Riotinto. Antes ya pagó a Astor 43,8 millones en virtud de la obtención de los permisos de explotación en Huelva.
El segundo tramo estaba condicionado a la obtención de financiación para el proyecto a través de deuda senior en cantidad suficiente para reiniciar las operaciones extractivas, decía el acuerdo firmado entre las partes. La deuda senior es, simplemente, deuda de alta calidad crediticia que, asegurada o no, tiene prioridad de cobro en caso de quiebra. Atalaya, sin embargo, obtuvo los fondos para el proyecto por otras vías, fundamentalmente, préstamos intragrupo que no constituyeron una línea de deuda senior, por lo que no efectuó el pago a Astor.
La buena o mala fe de la minera
Esta situación desencadena un litigio de los más singular, pues Atalaya se había comprometido a realizar un “esfuerzo razonable” para cumplir con lo acordado, marcando como objetivo, y así figura en el acuerdo, la obtención de la financiación antes del 31 de diciembre de 2010. ¿Hizo un “esfuerzo razonable” para conseguirlo? ¿Actuó de mala fe para esquivar el pago recurriendo a otras vías de financiación? Eso es lo que planteó Astor a los tribunales británicos en un singular litigio, que exige evaluar las ganas que puso Atalaya en cumplir con lo acordado.
Los jueces consideraron que la minera de Touro cumplió con sus obligaciones de intentar con razonable esfuerzo lograr la financiación mediante el método acordado con el grupo financiero, por lo que no tiene obligación de abonar los 15,9 millones. Ahora bien, matiza en su sentencia que no era una obligación, sino un objetivo, hacerlo antes del 31 de diciembre de 2010, de tal manera que, las condiciones del acuerdo por el que logró los derechos del proyecto de Riotinto siguen vigentes.
Atalaya, que considera que una vez superada aquella fecha ya se puede dar carpetazo al pago, ha presentado recurso, al igual que Astor, que considera que la minera actuó de mala fe y exige el pago con intereses. Este medio preguntó el pasado jueves a Atalaya si un fallo negativo de las siguientes instancias podría condicionar los dos proyectos en España sin obtener por el momento respuesta. Nada hace pensar que vaya a suceder, pues hasta el momento los tribunales han interpretado que la minera de Touro cumplió con lo acordado.
