Alberto Lavandeira, de Atalaya Mining, en una visita a la mina de Touro
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Atalaya Mining responde a la multitudinaria manifestación contra la mina y defiende que su proyecto no afectará al agua ni al medio ambiente

en A Coruña, 10 de junio de 2018 (21:13 CET)

La minera de Touro ha acusado a los colectivos que este domingo protagonizaron una multitudinaria manifestación en Santiago de generar “una alarma infundada” en torno al proyecto para abrir una explotación de cobre en los municipios de Touro y O Pino. Según Atalaya Mining, que lidera el proyecto, los argumentos de los detractores de la mina no tienen “base técnica”, pues la explotación cuenta con garantías de que no afectará a las aguas ni al medio natural.

A través de un comunicado emitido en la mañana de este domingo, al mismo tiempo que millares de personas recorren Santiago en una manifestación para reclamar a la Xunta que no autorice el proyecto, Cobre San Rafael, la sociedad instrumental que tramita la explotación, incide en "su ofrecimiento de diálogo y transparencia" a los colectivos que se oponen a la mina y que, según la compañía, "han declinado reunirse con los expertos" que contrató la propia empresa.

Atalaya reconoce "las dificultades para trasladar un mensaje de confianza a una parte de la población que rechaza la minería en Galicia". La compañía defiende que la actividad minera es "hoy altamente cualificada y sostenible".

Defensa del proyecto

Acusa a las plataformas sociales y partidos políticos que se oponen a la "reactivación" de la mina de emplear "argumentos técnicos o científicos incosistentes, cuando no falsos e injuriosos". "Cobre San Rafael quiere insistir en que las propuestas técnicas y las medidas de control y seguridad ambiental de su proyecto son garantía de no afección a las aguas y al medio natural", apunta.

En esta línea, asegura que "la constante monitorización y seguimiento" que llevarán a cabo "estamentos administrativos y organismos de control independientes" garantizarán "el correcto desempeño y el cumplimiento de todos los parámetros que marca ley".

"Como gallegos nos negamos a admitir que no seamos capaces de hacer la misma minería moderna que se lleva a cabo en países como Suecia o Finlandia. Creemos que la minería moderna y limpia tiene mucho que aportar a nuestra tierra, y somos parte de la solución a algunos de los problemas sociales y económicos que tiene el rural, como la despoblación y la falta de expectativas", indica la compañía en su comunicado. La empresa, obviamente, no es gallega, aunque sí lo es el consejero delegado, Alberto Lavandeira.

Contra los argumentos de los ecologistas

Cobre San Rafael trata de responder a las acusaciones vertidas contra el proyecto por parte de los colectivos que se oponen a la Mina de Touro y defienden que la explotación es "del siglo XXI" y "compatible con cualquier actividad económica".

De este modo, afirma que es "falso" que se trate de "una megamina" sino de "un proyecto pequeño" pues, según sostiene, "la concesión tiene solo siete kilómetros cuadrados de los cuales cinco son ya mina histórica".

Asimismo, niega que afecte al Camino de Santiago --"la mina no se ve prácticamente desde ningún punto" de la Ruta Jacobea-- o que "habrá circulación constante de maquinaria pesada y voladuras regulares que generarán ruido y grandes nubes de polvo en suspensión".

Voladuras y compuestos tóxicos

Defiende que "se realizará una voladura al día, dividida en pequeñas cargas" y que el polvo generado "se mitigará con riego de pistas, acopios y voladuras". Además, incide en que el sector agroganadero de la comarca de Touro no se verá afectado porque "se trata de reactivar la producción de cobre en una mina ya activa para la producción de áridos".

Cobre San Rafael también desmiente que se vayan a emplear "compuestos tóxicos y peligrosos" o que el proyecto pueda verter aguas contaminadas al Ulla, con consecuencias para la Ría de Arousa. "El proyecto minero prevé cero salidas de aguas de proceso al exterior. Se opera en circuito cerrado y no se va a afectar ningún curso de agua", argumenta.

Por último, censura que los colectivos acusen al proyecto de "hacer desaparecer traídas de agua en curso", de no garantizar la seguridad en el depósito de gestión de estériles o de que la mina vaya a "destrozar el paisaje y dejar el entorno arrasado" tras el fin de la explotación.

 

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