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El Tribunal de Cuentas censura los errores de previsión, el bajo nivel de tráfico, la falta de conexión ferroviaria y el elevado endeudamiento del puerto

en A Coruña, 13 de junio de 2017 (19:54 CET)

Error tras error. Así retrata el Tribunal de Cuentas la planficación del Puerto Exterior de A Coruña, una obra que ha generado enorme deuda para la Autoridad Portuaria y ha desembocado en el conflicto actual con el Concello por la enajenación de los muelles.

El organismo fiscalizador, en un análisis de casi 300 páginas, recuerda que el informe de viabilidad económico-financiero que se realizó para ejecutar la obra concluyó que el puerto "tenía capacidad suficiente para generar los fondos de construcción" de Punta Langosteira, principalmente por la venta de terrenos del puerto interior.

Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica echaron por tierra estas previsiones, lo que obligó a reformular en 2008 las proyecciones que se habían plasmado en 2004. “Las previsiones no se han cumplido ni en lo que respecta a la financiación ni a la capacidad de generar fondos mediante el aumento de tráficos", dice Cuentas, que analiza los ejercicios 2012 y 2014 y añade datos de 2015.

La Autoridad Portuaria reivindicó en las cuentas del pasado ejercicio que entró en beneficios, 220.000 euros, cinco años antes de lo previsto gracias a la contención de costes. Sin embargo, Cuentas considera que el esfuerzo para rebajar el gasto no evita que la situación económica del puerto sea “delicada”, pues soporta “un volumen excesivo de endeudamiento”.

Sin conexión ferroviaria

Entre otras cuestiones, el informe incide en el hecho de que "en el escenario más optimista" Punta Langosteira "no contará con acceso ferroviario hasta 2020 o 2021". "Es decir diez años después de la finalización de las obras del puerto", remarca sobre una actuación que considera "esencial".

Por otra parte, recuerda que no se ha logrado todavía "el traslado del petróleo a Punta Langosteira", indica en alusión a los plazos fijados para el traslado de Repsol y recordando que esta cuestión planteó la creación de la citada infraestructura portuaria tras el accidente del Prestige.

Contrataciones dudosas

El informe apunta también que, entre 1997 y 2005, se adjudicaron "13 contratos al mismo contratista en solitario, a sus filiales o en UTE" y que, de ellas, "solo dos" fueron en procedimiento de concurso abierto.Otros siete fueron en adjudicación directa sin solicitud de otras ofertas. Además, añade que en dos contratos "no figura el sistema de adjudicación y en cuatro expedientes no se formalizó el contrato obligatorio".

Por ello, insta a la Administración General del Estado a ejercer de una forma "más eficaz" las labores de supervisión y control en los procedimientos de contratación y su ejecución, "especialmente aquellas actuaciones objeto de financiación por parte de fondos europeos".