La liberalización del mercado del móvil dispara las alarmas en R y Euskaltel

Los operadores virtuales, como R, Euskaltel o Telecable, expresan su temor a que la liberalización decretada por Competencia los expulse del mercado

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado la liberalización del mercado mayorista de acceso a redes móviles, levantando la obligación a Telefónica, Orange y Vodafone de prestar su infraestructura al resto de operadores a precios “razonables”. El proceso de desregulación se llevará a cabo en un plazo de seis meses.

El supervisor toma esta decisión al concluir que existe un mercado con competencia efectiva, con una treintena de operadores “con modelos de negocio y estrategias diferentes”, por lo que no requiere de la tutela de la administración para funcionar de manera eficiente.

Esta valoración de Competencia es rechazada por los operadores móviles virtuales, aquellos que no tienen espectro radioeléctrico e utlizan la infraestructura de las tres grandes telecos, Orange, Vodafone y Telefónica, para ofrecer sus servicios.

Competencia aprueba la liberalización del mercado móvil sin el consenso del sector

R, Euskaltel, Telecable, Lebara, República Móvil o Pepemobile, entre otros, presentaron alegaciones a la propuesta del supervisor, que son toda una radiografía de los riesgos que perciben en el nuevo entorno desregulado. Las compañías discrepan en que el mercado tienda hacia una competencia efectiva y destacan la posición dominante de Orange, Vodafone y Telefónica. Temen que la liberalización merme la competencia en el sector, que se incrementen las prácticas anticompetitivas que ya se produjeron con la normativa actual, y que, en última instancia, las tres grandes compañías acaben expulsando o restringiendo a su antojo la dinámica del resto de operadores en el mercado.

La falta de incentivos de Orange, Telefónica y Vodafone

Es especialmente ilustrativa la posición de Euskaltel y de R, que sostienen que, en un mercado desregulado, Telefónica, Orange y Vodafone carecen de “incentivos” para dar acceso a terceros a su red, pues los ingresos por dar servicio a otros operadores (ingresos mayoristas) apenas son un 2,5% del total. Por lo tanto, son fácilmente compensables desde los ingresos minoristas.

La escasa relevancia de esta área de negocio podría facilitar que los operadores tradicionales encarecieran los precios de acceso a su red, apunta Masmóvil, mientras que Telecable dá por hecho que “tratarán de expulsar de forma coordinada” al resto de operadores.

Falta de competencia en el sector

Yoigo, por su parte, cuestiona que exista un “elevado grado de competencia” en el mercado minorista de líneas móviles, pues interpreta que las tres grandes compañías sacrifican los márgenes en el negocio de telefonía móvil con el objetivo de incrementar los ingresos por cliente en ofertas integradas de fijo, móvil, internet y televisión.

Aire Networks y República Móvil llevan esta misma crítica al terreno mayorista y señalan que tampoco existe una competencia real pues, en la práctica, solamente Orange se está moviendo como proveedor de acceso para otras empresas, mientras Vodafone y Telefónica permanecen estáticos. Yoigo, que sería la alternativa a las tres grandes telecos, no ha logrado ningún pacto para ser alojador de un operador virtual.

Abusos de posición y otras prácticas restrictivas de la competencia

La principal preocupación de las empresas es que la desregulación haga rebrotar las prácticas contra la competencia por parte de los operadores dominantes y los posibles abusos de posición. Argumentan que la falta de incentivos para ejercer de alojador apuntan en esta dirección, pero también “la dilación en la provisión de acceso a la tecnología y red 4G”, que ya provocó anteriormente la intervención de Competencia. Yoigo sostiene que el acceso a la tecnología 4G fue utilizado para “ralentizar el crecimiento” del resto de operadores.

Tras la liberalización, las prácticas irregulares quedarán sometidas a la Ley de Defensa de la Competencia como único elemento regulador. Sin embargo, los procesos para resolver sobre este tipo de conductas se dilatan tanto en el tiempo que la intervención administrativa no es eficaz ni se produce antes de haber dañado el mercado. 

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