Ya son 22 los detenidos en el caso Pokemon tras el arresto de cinco empresarios

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Uno de ellos también es concejal del PSOE en el concello lucense de Cospeito

Pilar de Lara Cifuentes

26 de septiembre de 2012 (16:50 CET)

Los detenidos en el marco de la Operación Pokemon, que investiga una supuesta trama de corrupción y sobornos en adjudicaciones públicas ascienden a 22, después de que entre la noche del martes y este miércoles fueran detenidas otras siete personas en las provincias de Ourense, Pontevedra y Lugo.

Segúan han explicado fuentes que rodean la investigación, en la noche del martes ha sido detenido un matrimonio de O Carballiño (Ourense) que tiene una sociedad familiar que da servicios en el sector forestal.

A estos se suman dos empresarios de la provincia de Lugo --uno de ellos concejal del PSOE en Cospeito y vinculado a la empresa de construcciones Hermanos Pico Yáñez, dedicada al alquiler de maquinaria y obras públicas--, así como el concejal del BNG de Ourense Fernando Varela, que en la legislatura anterior tenía las competencias de Tráfico y Policía Local en el Gobierno local.

Policías locales


En la lista de los últimos arrestados figura también un empresario de A Fonsagrada (Lugo) y otro de Vigo. Estos nuevos arrestos se suman al practicado en la mañana del martes del jefe de la Policía Local de Ourense, Abelardo U., que este miércoles ha quedado en libertad bajo fianza acusado de cohecho y tráfico de influencias; y un agente retirado de Lugo, D.C., pendiente de declarar ante la jueza.

Estos nueve detenidos se suman a los trece arrestados la semana pasada en el inicio de la Operación Pokemon, entre ellos el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez --suspendido de militancia del PSdeG--, y el ya exalcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio.

Prisión para tres

De los primeros trece detenidos, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha decretado prisión provisional para el responsable de la empresa de la ORA en Lugo, Javier R.P.; Gervasio Rolando R. A., presidente de Vendex, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias; y para el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
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